Al igual que ya hizo la Fiscalía, el Tribunal Supremo se opone por unanimidad a conceder cualquier forma de indulto, incluso el parcial, a los doce líderes independentistas a los que condenó por su participación en el ‘procés’. 

Los magistrados consideran que la medida de gracia sería una «solución inaceptable», ya que no se da en este caso ninguna de las tres razones que prevé la ley –justicia, equidad y utilidad pública– para la concesión de un indulto. El alto tribunal no observa indicios de arrepentimiento y acusa a los condenados de mantener una «actitud antidemocrática». El rotundo informe del Supremo, aunque no es vinculante, ilustra al Gobierno sobre el sinsentido de un posible perdón. El indulto no está previsto en las leyes para ser utilizado por un gobierno con el objetivo de satisfacer sus intereses políticos coyunturales.

El informe del Supremo concreta uno a uno los argumentos por los que los indultos de los líderes independentistas catalanes no pueden ampararse en ninguna de las tres razones que exige la ley para justificar esta medida. Esgrime que concederlos supondría premiar a quienes intentaron «subvertir unilateralmente» el orden constitucional y no han mostrado arrepentimiento por ello. Según el Tribunal, las peticiones de indultos están «desenfocadas» porque se centran en criticar la sentencia del ‘procés’ en vez de en argumentar por qué la pena impuesta no es necesaria, que es la base de la medida de gracia. Lo cierto es que la medida de gracia solo está justificada jurídicamente cuando la pena ha dejado de ser necesaria, y eso solo ocurre cuando ha cumplido «con la finalidad que legitima su imposición», algo que no ocurre en este caso a la vista de que los partidos secesionistas, que acaban de formar un nuevo ‘govern’ en la Generalitat, ya han advertido de que, con indultos o sin ellos, continuarán con su deriva anticonstitucional.