Hace unos días se celebró el Primero de Mayo y las organizaciones sindicales conmemoraron, por derecho, esta efemérides reclamando la atención a demandas que, a su juicio, son prioritarias. 

Quiero aprovechar esa celebración para reparar en el nuevo valor, significación y trascendencia que proyecta hoy, desde mi punto de vista, el trabajo como hecho social protegido y como derecho constitucional cuasi fundamental, sobre el que creo que no se ha reparado, sobre todo en su dimensión jurídica y normativa, como hoy merece y reclama. Y todo ello en el contexto de la crisis sanitaria que, instalada desde hace mas de un año, se muestra todavía con toda su crudeza, afectando sin duda a sus contenidos esenciales.

La pandemia ha generado, a mi juicio, graves consecuencias, desajustes y necesidades en el mundo del trabajo y ha resaltado otras que ya existían y conocíamos con ocasión de las recientes reformas laborales en la crisis económica. Ello permite pensar que las cosas del trabajo no serán del todo igual que antes. Si hay algo seguro en la década de los veinte, que ya se ha iniciado, es la presencia de un cambio, sea del signo que sea, en el trabajo, desde tiempo bien escaso, y en el mismo Derecho que lleva su nombre para lo que todos deberemos estar preparados. Se pretende, con ello, preservar, por un lado, su función social, esencial para la persona trabajadora, pero, por otro, su interés empresarial igualmente protegible. Sin empresas no hay trabajo (y, por ello, empleo) que proteger, y sin empleadores no hay trabajadores que tutelar. El trabajo debe ser preocupación, pues, de unas y de otros.

Hay que asumir así nuevas funciones y tareas, que se reflejan en el calificativo ‘sostenible’ manejado para evocar la incidencia y conexión de la regulación laboral y la medioambiental y, sobre todo, para sustituir la obsolescencia de muchas categorías y conceptos jurídico-laborales que se han venido utilizando y que hoy son inadecuados para afrontar las nuevas realidades del trabajo, de los trabajos. De ahí la necesidad de centrarse ya en un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, más que en reformas, a veces reformitas, limitadas, desordenadas y precipitadas, que solo parchean los problemas, sin ofrecer respuestas al trabajo cambiante. Es sintomático, por ejemplo, que haya tenido que ser una pandemia la que haya puesto de relieve la trascendencia protectora de los denominados ERTE o el valor del trabajo a distancia. Pero también, lo que ha significado la brecha digital tecnológica y, en especial, el ‘analfabetismo digital’ generalizado, causa además de nuevas y graves desigualdades sociales.

De igual forma, a título ahora enunciativo, no menos importantes son los problemas estructurales de la temporalidad del empleo privado y público, en particular en el ámbito socio-sanitario, entre otros, de los que ha alertado, para su corrección, la jurisprudencia europea. Se necesita un legislador decidido a poner freno a una temporalidad injustificada y a una injusta dualidad de derechos y garantías, que actúa sobre todo en mujeres y jóvenes, pero que también repercute negativamente sobre la empresa.

No se trata de empezar de nuevo, sino de liberarnos, especialmente los actores sociales, el gobierno y el legislador, pero también quienes nos ocupamos de su estudio, reflexión e investigación, de los restos y adherencias inactuales del pasado para contemplar con ojos nuevos el presente y el incierto futuro del trabajo, sin olvidar los problemas o déficits heredados de nuestras desacertadas, en algunas materias relevantes, políticas laborales de los últimos veinte años. Una necesaria, a la postre, nueva y renovada, también, protección social del trabajo. Pero dejo para otro momento la extensión material de sus manifestaciones.