Los presidentes de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha han forjado una alianza para exigir que las ayudas a la despoblación vayan a las regiones auténticamente afectadas. Si son ocho las comunidades españolas castigadas por la decadencia poblacional, lo lógico es que sea a ellas a las que se destinen las ayudas estatales y europeas que buscan paliarla. A punto de iniciarse una compleja negociación por la reforma de la financiación autonómica, en la que está en juego hacer justicia a las necesidades de la España interior, es obligación prioritaria del Gobierno central asegurar equitativamente recursos adecuados a todas las comunidades. Ese es el primer requisito para hacer frente al problema de la despoblación.

Javier Lambán (PSOE), Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Emiliano García-Page (PSOE) han propuesto a la vicepresidenta cuarta del Ejecutivo, Teresa Ribera, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una reunión de trabajo para fijar el reparto de fondos y los programas a activar gracias al plan de 10.000 millones de euros que fue aprobado a mediados de marzo para hacer frente al reto demográfico y garantizar la igualdad en todo el territorio. El Consejo de Ministros fijó 130 medidas, repartidas en 10 líneas de actuación, pero hasta el momento no ha habido más avances. Es preciso dar ya respuestas concretas a las reivindicaciones de la España despoblada.

En la actualidad, el 90% de los ciudadanos que residen en España ocupan el 30% de la superficie del país, según el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El restante 70% del territorio alberga solo al 10% de los españoles. En consecuencia, entre los retos que el país tiene pendientes, uno de los prioritarios es alcanzar un pacto de Estado para atender las urgencias de estas regiones, de las que siguen saliendo constantemente los jóvenes por falta de oportunidades en su lugar de origen.