Libertad de expresión y odio
Stuart Mill, en la mejor defensa que conozco de la libertad de expresión, dio tres argumentos contundentes que demuestran que solo una sociedad con libertad de expresión puede progresar.
En primer lugar, si la opinión mayoritaria en una sociedad se basa en la mentira, la libertad de expresión de la minoría permitirá alcanzar la verdad. En segundo lugar, si la opinión mayoritaria de una sociedad se basa en la verdad, la libertad de expresión de los discrepantes permitirá una percepción más clara y argumentada de esa verdad. Impedirá con ello que la verdad se convierta en un ‘dogma muerto’. En tercer lugar, cuando la opinión mayoritaria es solo en parte verdad, la libertad de expresión permitirá completar esa verdad.
Desde esta perspectiva, los límites a la libertad de expresión deberían estar muy medidos. Por supuesto, el primer límite debe estar en los derechos de los demás, especialmente el derecho al honor o el derecho a la intimidad. La libertad de expresión no puede incluir el derecho al insulto ni puede amparar intromisiones en la intimidad de las personas. Esos límites están recogidos en nuestra Constitución y están amparados por los tribunales, debiéndose analizar caso por caso. No obstante, estos conflictos no suelen conllevar penas de prisión y suele ser la vía civil, mediante la indemnización, la que resuelve la controversia.
Más dudosos son otros límites a la libertad de expresión. ¿Podemos limitar la libertad de expresión para evitar las ‘fake news’? O ¿podemos limitar la libertad de expresión frente a los mensajes de odio? Pienso en el famoso cartel de los menores inmigrantes no acompañados (‘menas’) de Vox en la campaña electoral de Madrid.
Respecto a las ‘fake news’, más allá del control que pueda ejercerse para evitar los mensajes masivos procedentes de robots (los conocidos como ‘bots’), me temo que nadie puede erigirse –y menos un gobierno o una empresa tecnológica– en poseedor de la verdad ni determinar lo que es falso. Como ya he señalado en alguna otra ocasión, la democracia debe partir del escepticismo y de la duda para permitir que, a través del debate, cada uno de nosotros trate de alcanzar su verdad. En definitiva, la democracia tiene que organizar nuestra convivencia como si no existiesen ‘fake news’ y cualquier regulación que trate de identificarlas para prohibirlas supone un atentado a su misma esencia.
Respecto a los mensajes de odio, por mucho que me repelan, su prohibición la considero una claudicación democrática. La libertad de expresión debe proteger al disidente, al hereje, al provocador… En definitiva, a aquel que nos resulta molesto u ofensivo socialmente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en numerosas ocasiones que la libertad de expresión se aplica "no solamente para las informaciones o ideas bien acogidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que hieran, choquen o inquieten al Estado o a una parte cualquiera de la población. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe la sociedad democrática". Por eso, incluir en el Código Penal delitos que penalicen discursos dirigidos contra instituciones o contra grupos o sentimientos colectivos es un reconocimiento de nuestra incapacidad para defender nuestros valores, porque quizás se hayan convertido en ese ‘dogma muerto’ del que habló Stuart Mill.
Quizás tendríamos que seguir la iniciativa del gobierno regional de Berlín, que ofrece talleres gratuitos a los ciudadanos para aprender a argumentar frente a este tipo de discursos. O quizás los partidos políticos que defienden nuestro sistema deberían ser capaces de convertirse en los vehículos de formación democrática que nuestra Constitución pretendía. O mejor aún, que los talleres gratuitos sean para ellos.
