Pactemos soluciones para todos
Los más de quince mil trabajadores aragoneses que permanecen afectados por alguno de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) no miran al futuro con optimismo; temen que su situación empeore en los próximos meses y caigan definitivamente en el desempleo.
Los más de ochenta y cinco mil parados aragoneses no ven razones inmediatas para la esperanza, porque a su alrededor el ambiente es de negocios que cierran, de actividad que no termina de arrancar, de pesimismo económico... Y la mitad de ellos, además, no tienen ningún tipo de prestación y deben fiar su sustento al ingreso mínimo vital, si les llega, a la ayuda familiar o a las llamadas colas del hambre.
La pandemia ha venido no solamente a segar la vida o minar la salud de miles de aragoneses, sino que sus consecuencias económicas han incidido sobre las heridas no cerradas de la crisis de 2008. En el mes de marzo de 2020 no se había recuperado todavía el empleo perdido a lo largo de la década anterior, ni el poder adquisitivo de los salarios, ni se habían dado pasos para rebajar la precariedad. La crisis provocada por el virus se ha cebado además con las actividades que ofrecen empleos de peor calidad y más precarios, y los colectivos más vulnerables son los que sufren las peores consecuencias. El virus, además de atacar la salud de los más débiles, ha creado mayor desigualdad.
La pandemia de la covid-19 ha destapado además otra debilidad: la de unos servicios públicos deteriorados por los recortes presupuestarios impuestos por la política de austeridad recetada para salir de la anterior crisis económica. La sanidad pública, en primer lugar, que descubrimos débil e infradotada, solamente operativa gracias al tremendo esfuerzo de sus profesionales. Las residencias de la tercera edad, donde miles de personas han muerto o han tenido que sufrir el aislamiento y el miedo. La educación, a la que se le exigió de la noche a la mañana un cambio radical en la forma de impartir conocimientos. Los servicios de empleo, desbordados por los expedientes, o la misma Seguridad Social, con grandes dificultades para tramitar las ayudas más urgentes.
No atravesamos, pues, una primavera optimista. En Aragón tenemos menos paro porcentual que el conjunto de España, más industrialización, proyectos ligados a sectores de futuro, pero debemos aprender la lección más importante de la crisis: lo colectivo es lo que nos protege.
Tenemos por delante el descomunal reto de aprovechar los fondos europeos que se han diseñado no para superar la crisis, sino para, esta vez sí, cambiar nuestro sistema productivo y centrarlo en tres objetivos fundamentales: la sostenibilidad medioambiental, la digitalización y la resiliencia.
Y, obligados como estamos a cumplir con los dos primeros, el más importante es el tercero, que es el que debe prepararnos para afrontar futuras crisis con un patrimonio comunitario más robusto, con unos servicios públicos mejor dotados y con un contrato social más justo, que garantice empleos de calidad y bien retribuidos, pensiones suficientes para asegurar una vida digna, mecanismos para erradicar la pobreza, una educación que mejore las oportunidades de todos... Un mejor reparto, en resumen, de la riqueza que entre todos generamos.
A ello llegaremos, finalmente, si perseveramos en una fortaleza intangible pero decisiva: el diálogo. El diálogo político, sí, pero también el diálogo social, que a menudo es más capaz de trascender el corto plazo para establecer objetivos de largo alcance. No queremos que nuevamente nos impongan sus soluciones, queremos pactar las de todos.
