Ida y vuelta con peaje
Es un viaje de ida y vuelta. Con peaje.
De aplausos lleva lo justo y aunque la oportunidad es excepcional, tanto que admite una similitud por aproximación a una suerte de Plan Marshall postcovid, también exige una contraprestación en forma de grandes reformas. Los millones que España espera recibir de la UE se presentan condicionados y buscan resolver, a ojos de nuestros vecinos del norte, si los del sur somos gente de fiar. El dinero llegará siempre y cuando las reformas aprobadas sean claras y reconocibles, nada de apaños. La revisión del sistema de pensiones, el reajuste de la reforma laboral y una subida fiscal se han convertido en exigencias de obligado acatamiento que, aparte de dividir a los socios del Ejecutivo central, deben presentarse ante Europa antes de final de mes.
El Gobierno quiere tocar al alza los impuestos, aunque insiste en que solo actuará cuando el PIB ofrezca claras muestras de recuperación. El comité de expertos, ya constituido y con la presencia del aragonés Alain Cuenca como secretario, tiene la encomienda de ofrecer en el plazo de un año un nuevo modelo impositivo –que no estará exento de polémica– para reducir "el diferencial que existe con Europa". No cabe duda, tal y como explicó hace unos días en Zaragoza el exministro Jordi Sevilla, que hasta que la pandemia no desaparezca no podremos hablar de recuperación, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuesta por un cambio que también quiere que afecte al impuesto de Sociedades. El Gobierno sigue creyendo en una recuperación rápida de la economía tras el verano. Si la vacunación coge ritmo, el turismo responde y comienza a sentirse el primer efecto del dinero procedente de Europa, se habla, incluso, de un adelanto de las generales.
Bajo esta exigencia de reforma fiscal, que no debería ignorar el debate previo del modelo de financiación autonómica, Moncloa ya ha lanzado la primera advertencia electoral a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La armonización fiscal apunta directamente a Madrid y adquiere forma de exigencia con remite añadido desde la Generalitat de Cataluña, que cree haber descubierto en la capital de España un objetivo común con Pedro Sánchez. La misiva ha golpeado directamente a su candidato, Ángel Gabilondo, primera víctima del fuego amigo al haber visto cómo se estrechaban sus opciones. Se quiere modificar Patrimonio y Sucesiones y, de paso, decirle al PP que el enfrentamiento es directo y sin posibilidad de negociación. Poco importa que la todavía ministra de Industria y candidata a la vicepresidencia económica de un gobierno con Gabilondo, Reyes Maroto, diga ahora que se puede reactivar la actividad sin subidas de impuestos: las posturas ya están fijadas.
Si por culpa de la ola provocada por Hacienda los impuestos se tocan en Aragón, habrá que ver hasta dónde alcanza la capacidad de torsión del PAR dentro del cuatripartito. Los aragonesistas entienden que una cosa es hablar de armonización y otra bien distinta de subida de impuestos, teniendo claro que elevar la tributación forma parte de esa línea roja a la que se suma la defensa de la escuela concertada, el turismo de nieve y las obras del Pacto del Agua, entre las que se encuentra Mularroya. El embalse, calificado como "una discrepancia asumida" dentro del Ejecutivo, resulta incuestionable para una parte del Gobierno que no está dispuesto a que la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, se haga la olvidadiza.
El momento político es demasiado tenso como para agitar la caja de los impuestos, en especial cuando el día a día señala que los ritmos de la pandemia no responden a los deseos de los gobiernos. Afectados en Aragón por la quinta ola de la enfermedad y sin una alternativa jurídica que garantice las medidas de control una vez quede suprimido el estado de alarma, resulta atrevido hablar de una subida impositiva global (fiscalidad verde incluida) cuando no queda claro cuándo y cómo arrancará la recuperación. En España, según los expertos, los ciclos atienden a salidas de la crisis mucho más costosas que en el resto de Europa –convivimos con un elevado paro estructural–, por lo que quizá sería mucho más prudente pensar primero en las medidas de reactivación.
