Los planes de ayudas directas a las empresas y negocios más castigados por la pandemia, tanto del Gobierno central como del aragonés, se retrasan más de lo esperado. Desde la Moncloa han lanzado una ofensiva para negar discrepancias dentro del PSOE y entre los socialistas y Podemos sobre el plan que lleva más de un mes dando vueltas en reuniones internas. Desde el Pignatelli se esgrime la excusa de la complejidad técnica que entrañan las transferencias de fondos entre la DGA, las diputaciones y los ayuntamientos, a la que hay que sumar la disparidad de criterios de los empresarios para definir el reparto de las subvenciones. No cabe más dilación porque estos programas deben dar respuesta a necesidades financieras urgentes. Muchas empresas y negocios están en peligro de desaparecer.

Los amplios sectores del comercio y el ocio, de los autónomos y las pymes, profundamente castigados después de un año de pandemia, siguen esperando que las administraciones concreten de una vez los planes de ayudas que anunciaron hace varias semanas. El Gobierno de Pedro Sánchez sigue dividido sobre cómo articular los 11.000 millones de ayudas porque suponen un importante desembolso de dinero público en una situación ya de sobreendeudamiento. En el Ejecutivo de Javier Lambán ultiman un programa de unos 40 millones y negocian con los empresarios que la subvención se decida en función de la caída de facturación. Unos y otros tienen en estos momentos la misión de sostener a miles de empresas y negocios para que aguanten hasta que llegue la recuperación, quizás este próximo verano.

El Estado, que se ha demostrado como la principal herramienta de la sociedad para hacer frente a grandes catástrofes como la actual pandemia, tiene que ampliar el sistema de protección. Al fin y al cabo, mantener ahora a flote a empresas y autónomos es apoyar el empleo de mañana.