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La función pública no es el problema

Por
  • Álvaro Sanz Remón
OPINIÓNACTUALIZADA 24/02/2021 A LAS 12:44
La ley de simplificación administrativa pretende eliminar controles a la actividad económica.
La ley de simplificación administrativa pretende eliminar controles a la actividad económica.
Krisis'21

En política, las prioridades se demuestran legislando y, a pesar de que según el CIS tan solo el 0,5% de la población crea que el funcionamiento de los servicios públicos sea un problema, PSOE, PAR, Podemos y CHA han considerado que los mecanismos de control y autorización previa que tenemos para garantizar que todo esté en regla antes de empezar una actividad son una ‘rémora’, una barrera fruto de ‘resistencias ideológicas’ con la que hay que acabar. Para desmantelarlos y en tiempo récord han aprobado una ley, la ley de simplificación administrativa, con el apoyo de las derechas y la abstención de la extrema derecha, demostrando por otro lado que cuando se quiere, se puede.

Que nadie me malinterprete, nuestro funcionamiento público puede y debe mejorar mucho para evitar mareos innecesarios de quienes necesitan acceder a los servicios públicos o de quienes quieren montar un negocio, de la ciudadanía en su conjunto. Sin embargo, esta ley no va de mejorar la eficiencia en la gestión, va de desmantelar controles previos para la actividad económica. Tampoco va de acabar con el maltrato institucional que, por ejemplo, supone llamadas interminables o paseos insufribles de la ventanilla de Servicios Sociales a la de Vivienda de quienes necesitan un informe de vulnerabilidad para evitar un desahucio.

Esta ley supone de facto un cambio de paradigma radical de forma irreflexiva y chapucera. Pasamos de la noche a la mañana de políticas preventivas de autorización previa de la actividad a otras que implican paliar los daños que se generen por no tener esos controles. Lo más lamentable es que no han querido estudiar mejoras en la eficiencia de esos controles, directamente los eliminan.

Dicen que habrá inspección, pero esta ley nace con el compromiso de no incrementar personal y sin memoria económica. Eso sí, abre la puerta a la privatización de las labores de control, inspección, evaluación y seguimiento de la actividad económica. Competencias de la función pública que parece ser el verdadero problema de todo esto para ellos.

Los pasillos del Parlamento son muy dados a conversaciones con cierta sinceridad una vez que todo visto para sentencia. En una de ellas, alguien me señala el motivo que inspira la norma. Por decirlo de forma diplomática, el problema que aducen los defensores de este despropósito es el celo con el que algunos funcionarios desarrollan su trabajo y que complica la actividad económica. Al margen de negar la mayor, se me ocurren varias maneras, alguna de ellas la propusimos vía enmiendas y por supuesto fueron desechadas, antes de sacarlos de la ecuación y dejar en manos privadas o mejor aún, en tierra de nadie esas funciones de comprobación.

Esta ley de simplificación es la concreción de lo que el señor Lambán me contestó en pleno hace menos de un mes cuando le alerté de sus riesgos. Para el presidente «mucho Estado es sinónimo de ineficiencia económica y, a la larga, de pobreza y de desigualdad también» y esta ley eleva a norma ese principio con silencios administrativos positivos en los que no hay ni el más mínimo compromiso con mejorar las plantillas de inspección y control.

Una ley que, además, va mucho más allá de lo dispuesto en la misma Directiva Bolkestein en la que se inspira, o la ley ómnibus que la traspuso a nuestro ordenamiento jurídico en 2009. De nuevo los derechos sociales, la igualdad, la preservación del medio natural tendrán que esperar. Es más, esta ley trasciende al ámbito temporal y al objeto del decreto que el Gobierno central aprobó a finales del 2020 para la gestión e impulsó de los fondos de recuperación. Por mucho que quieran vendernos esta ley, tiene poco en cuenta este reto histórico desde una óptica integral, sanitaria, social y económica más aún cuando profundiza en el adelgazamiento de lo público y está redactada al dictado de los intereses de la CEOE tal y como se echaban en cara las derechas en su explicación de voto (favorable, no nos olvidemos).

Sería bueno que se conociese su contenido antes de opinar alegremente, incluso desde la tribuna del parlamento. Pero, sobre todo, sería conveniente que los grupos de la izquierda que la han impulsado y votado a favor explicasen por qué. IU les preguntó si compartían las palabras del señor Lambán, si creían que más Estado es más pobreza. Todavía estamos esperando la respuesta.

Álvaro Sanz Remón es portavoz de Izquierda Unidad (IU) en las Cortes de Aragón

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