El oficio de la gobernación

La difusión de muchas horas de emisión sobre temas médicos nos ha hecho familiar la idea de ‘buenas prácticas’ o ‘mala praxis’ del profesional sanitario. Muy cerca está el concepto ‘deontología’, que recoge criterios de actuación que los profesionales de un sector entienden que deben ser respetados. Es muy amplio: incluye nociones abstractas como ‘ética profesional’ pero sobre todo reglas que descienden a pautas muy definidas cuyo incumplimiento es medible y verificable. Los colegios profesionales tienen comisiones de deontología que actúan con frecuencia y sancionan a partir de infracciones relativamente menores. También los ‘malvados’ del Ibex definen algo muy parecido; lo llaman ‘cumplimiento normativo’ (‘compliance’): son manuales muy detallados de buenas y malas prácticas en su actividad. Las empresas más rigurosas evitan el trato con las que no tienen o no cumplen un código profesional de este tipo. La sociedad civil tiene mecanismos de control y depuración de malas prácticas profesionales bastante eficaces.

El oficio de gobernar es un oficio. El más importante de una sociedad, porque surgió para proteger las vidas y los medios de subsistencia del grupo de sapiens. Llama la atención que no tenga código de buenas prácticas profesionales. O tal vez exista, pero su incumplimiento no tiene consecuencias. Un manual que, en su caso, parece que acepta la deslealtad y la infidelidad.

Un ciudadano no entiende que ministros del gobierno descalifiquen y desprecien instituciones del Estado cuya administración les ha sido confiada; no le parece acorde a la buena práctica de la profesión.

Una regla básica del oficio de gobernar es que una afirmación debe sostenerse en fundamentos suficientes, aportados por el que la realiza. En un plano teórico cabe que un vicepresidente hable de anomalías en la democracia española: que diga que no damos el nivel, no alcanzamos la norma, que somos, por tanto, demócratas ‘sub-normales’. Pero afirmación tan ofensiva debe ir acompañada por argumentaciones, y seguida por una dimisión para no ser responsable de estas ‘subnormalidades’. No las presenta. No dimite. Solo en segunda vuelta su cuadrilla aporta tres casos para sostener la tacha de anormalidad. Los refuto:

1. Que Juan Carlos de Borbón esté en el lugar de mundo que le parezca lo que demuestra es que en España se respeta la libertad de movimiento mientras no haya resolución firme que la limite. Son necesarios fundamentos democráticos muy sólidos para encajar una situación tan extraña (y decepcionante).

2. La responsabilidad mayor de la buena gobernación recae en el Gobierno; es cierto que todos debemos ayudarle. Esperamos de su habilidad la formación de las mayorías necesarias; tiene muchos recursos para lograrlas. Si no se consigue la renovación del Poder Judicial, la responsabilidad principal es suya. Imaginemos: propongo matrimonio a mi novia; no acepta; entonces la acuso de sabotaje emocional. Parece que el segundo argumento no es prueba de ‘subnormalidad’ sino de lo contrario: la democracia garantiza la libertad de las minorías para decidir sus posiciones.

3. Finalmente vuelven a realizar una descripción falsa de las cosas: los procesos contra políticos independentistas no traen causa de una expresión de opinión, sino de actos legislativos coactivos, que incluían usurpación, negación de la aplicación de la legislación vigente y desobediencia a los tribunales que velan por su cumplimiento.

La reflexión sobre nuestro sistema siempre es oportuna; tenemos además buenas referencias: autores como Innerarity –sherpa del pensamiento de altura– que han instalado un campamento a 7.500 metros y equipado cuerdas fijas. Lo que no puede hacerse es plantearla con un discurso tan superficial, improductivo, malicioso y avinagrado. Extiende el descrédito sobre las ideas de muchos de los que con su voto le han alzado. Daña hasta la médula al PSOE, que tolera en silencio este tipo de prácticas desleales y mendaces. Ofende a quien le hizo vicepresidente.

Un gobernante tiene acceso a un análisis mejor, que le permite extraer propuestas de acción viables. Si entiende que la estructura institucional no es eficiente, debe identificar con precisión los problemas y proponer medios de mejora viables. Otra cosa no es más que una fábrica de amargura improductiva.