Simplificar para administrar mejor

Mejorar la regulación, la gestión pública y simplificar los trámites debe ser un rasgo de toda administración pública moderna, que debe ser proactiva y no meramente reactiva. Así, el conocido principio ‘better and smart regulation’ aspira a una mejor y más inteligente regulación y actuación pública. Pretende una mayor seguridad jurídica, eliminando cualquier burocracia innecesaria, tanto para el ciudadano como para la propia Administración. Más importante que simplificar (algo instrumental) conviene reforzar la seguridad jurídica pues su declive, como bien advirtiera el profesor José Bermejo, pone en riesgo la propia esencia del derecho. Y sin seguridad jurídica, o con una deteriorada seguridad jurídica, se pone en riesgo la calidad democrática. Y, para ello, hay que evitar la hiperregulación y el movimiento constante de la norma.

Los ciudadanos no demandamos de nuestro sector público rígidas normas, sino soluciones rápidas, eficaces y eficientes a las nuevas necesidades de la sociedad. Esto exige administrar, regular, evaluar y controlar mejor. Para ello, el procedimiento de toma de decisiones públicas, como explica Marcos Vaquer, obliga a equilibrar la exigencia de ‘eficacismo’ de toda decisión pública, con la del ‘garantismo’ frente al respeto a la norma y a los derechos de los ciudadanos. Eliminar trámites innecesarios es una exigencia, pero preservando transparencia e integridad y rendición de cuentas. Esta cultura de prevención (que no es consecuencia de la desconfianza) es todavía más importante en momentos como los actuales, cuando la pandemia, y la exigencia de respuestas inmediatas, donde la inercia a que se priorice la eficacia, están tensando las costuras de principios tan importantes como la transparencia, la participación política o la legitimidad de la división de poderes.

La colaboración con el sector privado para poder administrar mejor, en el contexto de un ‘Estado garante’ (hay que citar como referentes de esta idea a los profesores Muñoz Machado o Esteve Pardo), aconseja, además de ajustar el modelo de decisión pública, impulsar fórmulas de colaboración con el sector privado (no necesariamente contractuales). En este contexto se explicaría la previsión de utilizar la técnica de entidad colaboradora de certificación del proyecto de ley de simplificación administrativa de Aragón. Administrar mejor obliga también a cooperar con el sector privado, sumando esfuerzos.

Administrar mejor exige avanzar en el diseño y la consolidación de una verdadera administración electrónica, lo que exige un esfuerzo inversor incorporando tecnologías disruptivas y la inteligencia artificial como herramientas ordinarias en la adopción de las decisiones públicas y en las relaciones con los ciudadanos. Esta implantación de la ‘e-administration’ aconseja una reflexión previa relativa a la adaptación de la organización administrativa y la capacitación y funciones de sus empleados públicos en este nuevo contexto, impulsando una organización más horizontal y colaborativa. Reflexión sobre la gestión pública que debería incidir en la profesionalización, los requerimientos a las empresas y la vinculación a políticas públicas (sirva de ejemplo la propuesta de profesionalización de la contratación impulsada por la Comisión Europea, enero 2021). Innovar en la estructura organizativa de las instituciones públicas obliga a cambiar el paradigma de la cultura propia, muy burocrática, para avanzar hacia una Administración flexible que gravita sobre el ciudadano (y no al revés), al que debe garantizar sus derechos y expectativas.

Los retos de administrar, regular, evaluar y controlar mejor (que exigen valentía política) tienen por finalidad última la mejor efectividad de las políticas públicas, que deben estar alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para lo que debe servir de referencia en las decisiones a adoptar la valoración de las exigencias derivadas de los denominados círculos de excelencia, que consisten en la excelencia de servicios (pensar primero en las personas), la excelencia de procesos (hacer lo que toca sin burocracia indebida) y la excelencia técnica (tener talento y conocimiento). Las demandas actuales de revisión de la gestión pública con el objetivo de una buena administración (como derecho ciudadano) son una ventana de oportunidad para un nuevo liderazgo público, a través de un adecuado equilibrio entre eficacismo y neogarantismo, que puede ayudar en la estrategia de mejorar la productividad de nuestro modelo económico y, principalmente, servir de ‘política palanca’ para proteger con eficacia los derechos sociales.