Vacunas y restricciones
Existe un fracaso colectivo respecto a las explicaciones ofrecidas cuando más de 2.300 trabajadores de las residencias aragonesas rechazan vacunarse. Son muchas las cuestiones que seguro no se han logrado trenzar con acierto, pero que el 18 por ciento del total de los profesionales que desempeñan su actividad en uno de los lugares más críticos de la pandemia renuncien a utilizar los viales solo puede recibirse con una mezcla de sorpresa y decepción. Seguro que existen múltiples justificaciones que individualmente invitan a cuestionarse la vacunación que, conviene recordar, es voluntaria y, de hecho, rehuir un par de pinchazos parece ser una postura mucho más extendida de lo que podría presuponerse, incluso entre los residentes (cerca de 600 han dicho que no frente a 16.000 que se muestran dispuestos). En Alemania, según publicaba el diario ‘ABC’, en algunas regiones el rechazo a la vacuna entre los cuidadores alcanza el 60 por ciento. La mayoría de estos trabajadores alega que no existe una información lo suficientemente completa como para disipar las dudas sobre los efectos en el cuerpo humano. En Francia, sin ir más lejos, también se ha detectado entre la población una extendida resistencia, confirmando que el temor personal se impone sobre el anhelo colectivo de una inmunidad global. El rechazo, producto de un arraigado individualismo y de una desconfianza generalizada que, al igual que el virus, recorren el planeta sin discriminar instituciones ni liderazgos, se ha llegado a convertir en justificación de la lentitud inicial en el ritmo de aplicación de la vacuna. Esta semana, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se vio obligado a disculparse después de señalar que la limitada velocidad registrada era el resultado de una apuesta por la prudencia. El incomprensible mensaje de Fernández Vara, que concede alas a aquellos que se sienten cómodos entre las teorías ‘conspiranoicas’ que dañan el camino descrito por la investigación, reafirma el clima de escepticismo en el que nadie termina de fiarse de nadie.
La gestión del proceso de vacunación está resultando incomprensible para un buen número de ciudadanos. La mayoría pensábamos que con la llegada de los primeros viales se pondrían todos los medios para lograr una rápida protección. La evidencia, construida en coincidencia con las vacaciones de Navidad, dejó claro que el ritmo no se ajustó a lo esperado y que las autonomías demostraron estrategias bien distintas acrecentando la desorientación. Valencia y Asturias, por ejemplo, optaron por utilizar todas las dosis recibidas, mientras que Madrid o País Vasco no han tenido especial inconveniente en ocupar los últimos puestos del ‘ranking’. Aragón, por su parte, fijó como prioridad garantizar una reserva estratégica de 10.000 dosis ante el hipotético riesgo de no recibir un segundo suministro (Pfizer ha anunciado que retrasará en varias semanas las entregas en la Unión Europea). Esta disparidad de criterios, que fomentó todo tipo de comparaciones, también ha alentado el oportunismo político. De este modo, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, apostó sin éxito por que el Ministerio de Sanidad primase en futuros envíos a aquellas autonomías que habían mostrado una mayor diligencia.
Está costando superar la pandemia y el endurecimiento de las restricciones solo confirma que ni la administración -a la que se le debe atribuir la primera y principal carga de responsabilidad por su capacidad reguladora- ni los ciudadanos estamos acertando. Después de tantos meses de convivencia con la enfermedad ningún gobierno puede ignorar cómo se extiende el virus o que la movilidad de las personas y las grandes concentraciones actúan como propagadores. Frenar los contagios poco tiene que ver con la ideología, solo requiere de una doble gestión que entremezcle la valentía en la aplicación de las medidas con la ayuda a los sectores perjudicados. Ya no se trata de solucionar las próximas semanas, se trata de salvar el año. No estamos para más pruebas.
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