Solo hace unos días salía la noticia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había visitado un hospital interesándose por los enfermos de la pandemia. Once meses después. Está por ver que el asunto le interese realmente, lo que dice mucho de su escasa empatía. Y está por ver que Pablo Iglesias tenga más: que yo sepa no se conoce ni una sola referencia del citado al problema; el vicepresidente segundo, el encargado –dice– de los asuntos sociales, el especialista en el relato, el inventor político del horrible neologismo ‘escudo social’, parece que no da signos de piedad, compasión o empatía hacia la tragedia de vidas humanas de la pandemia: ni residencias de ancianos ni muertes solitarias ni historias personales. Él, a lo suyo: "No estoy en política para hacer amigos", ha sostenido. ¡Qué decir! Los técnicos del partido han reconocido en sede judicial que las votaciones electrónicas de los militantes de Podemos a través de internet, aparentemente asamblearias, eran perfectamente manipulables. Se podía saber quién votaba y qué, incluida la organizada para justificar el chalet de Galapagar. Y el Gobierno recibe los paquetes de vacunas, compradas y en buena parte pagadas por la Unión Europea, con grandes carteles del Gobierno de España, como si este fuera el benefactor. Lo que importa es la publicidad, no la realidad.

Pero no es asunto solo de publicidad ni de empatía. Hay cosas peores. Con la primera ola del coronavirus el Gobierno se dio cuenta de que, en nuestro Estado autonómico, tras años de gobierno constitucional y de pactar con minorías nacionalistas, prácticamente todas las competencias en materia sanitaria estaban cedidas a las autonomías y el Ministerio de Sanidad era un puro desguace: era necesaria una reforma de la legislación para unificar y coordinar con fuerza normativa, y no solo buena voluntad, los medios sanitarios. Y Sánchez decidió no hacerla. Él fue destituido en 2016 porque quería poner en marcha ideas como las que ejecuta ahora: no quería las propuestas más moderadas sugeridas en el Comité Federal del PSOE, que consideraba un cementerio de elefantes. No quería pactos de Estado para reformar la Constitución y las grandes leyes (electoral, de educación, reforma del Senado y la Corona, financiación de las autonomías, solución razonable a la cuestión catalana), lo que importaba era la imagen y gobernar (él) como fuera. Cuando, utilizando las primarias en su provecho, volvió al poder, pactó para conseguir una mayoría: nada de moral ni de verdad ni de moderación socialdemócrata, ni de gran coalición con los populares (cuán en vano se cita aquí a Merkel). Anunció que no gobernaría con Podemos e hizo lo contrario para ganarse el apoyo de los independentistas. La incompetencia de Casado, el PP y una derecha dividida por la crisis hizo el resto.

Y vino la pandemia. Sánchez optó por no reformar la legislación sanitaria y, según declararía, dejar que las comunidades autónomas asumieran sus responsabilidades, pero esto no es así. El ministro de Sanidad no tiene competencias suficientes para otra cosa que no sea hacer recomendaciones. Ahora ya sabemos por qué el Gobierno no hizo la reforma, si hacemos caso a las declaraciones de Salvador Illa hace unos días: "Los socios de Gobierno [de Sánchez] no toleran nada que suene a hacer política de Estado". A partir de ahí puede concluirse que Sánchez o renunció a reformar la legislación por convencimiento y/o por conveniencia propia, o porque se lo imponía la presión de Podemos y los independentistas: EH Bildu, ERC y el siempre presente PNV, sobre todo. O por los dos motivos.

Las perniciosas consecuencias de que Sánchez eligiera gobernar con Podemos e independentistas se ven continuamente. En España, ya en la tercera ola de pandemia y con más de 50.000 fallecidos, con escándalos como los de las residencias de ancianos de Madrid, el ministro de Sanidad lleva meses vendiendo humo, sin competencias legales y dando la impresión de que hace pero en realidad no hace. Es un gran engaño. Negocia, coordina, sí, pero no dirige. Tenemos 17 estrategias distintas que además en las comunidades gestionadas por la oposición son utilizadas para combatir por sistema lo que proponga el Gobierno. Cada comunidad no tiene vías legales para intercambiar médicos o personal sanitario con otras, para trasladar enfermos, para compartir hospitales, para beneficiarse de políticas de compras centralizadas, para obedecer a restricciones para la lucha anticovid fijadas en una política sanitaria única y consensuada. ¿Y a eso la llamada izquierda le llama progreso?

Las declaraciones tan rimbombantes de Sánchez, instalado en un triunfo continuo, son política hueca. ¡Qué soberbia, qué ignorancia! Voltaire sostenía que la virtud se envilece al justificarse. Es el caso.