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El Gobierno y el indulto

Por
  • Heraldo de Aragón
OPINIÓNACTUALIZADA 29/12/2020 A LAS 02:00
Ábalos ha vinculado el indulto a la obligación moral de aliviar tensiones.
Ábalos ha vinculado el indulto a la obligación moral de aliviar tensiones.
Ballesteros / Efe

Toda una batería de ministros ha realizado declaraciones, en los últimos días, en un sentido favorable al indulto de los políticos catalanes del ‘procés’ condenados por sedición. Pero, por más que el Gobierno quiera ‘preparar el terreno’, perdonar, en contra de criterios jurídicos, a quienes intentaron quebrantar el orden constitucional y no dan muestras del más mínimo arrepentimiento sería una indignidad y no contribuiría a la convivencia cívica.

La Fiscalía ya se ha pronunciado, con argumentos jurídicos, en contra del indulto y está pendiente de hacerlo el tribunal sentenciador, pero ello no impide que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya embarcado en una especie de campaña que parece pretender mentalizar a la opinión pública de la necesidad de otorgar el perdón a los sediciosos del ‘procés’. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Transportes, José Luis Ábalos, y, ayer, la vicepresidenta Carmen Calvo han realizado declaraciones bien criticando el informe de la Fiscalía bien abonando la posibilidad del indulto. Ábalos, que es también secretario general del PSOE, llegó a vincular el indulto con «la obligación moral de aliviar tensiones que pueden dañar la convivencia». Supone un gran error, el mayor daño a la convivencia sería la lenidad hacia quienes comprometieron de manera temeraria la estabilidad de la democracia española y aún aseguran que estarían dispuestos a repetir la intentona.

 El Gobierno está obligado a tramitar el expediente y es cierto que los informes de los órganos judiciales no son vinculantes. Pero un indulto sin arrepentimiento previo, en contra de los criterios jurídicos, decidido apresuradamente y cuando el independentismo todavía apuesta por el desacato a la Constitución solo podría interpretarse como una vergonzosa cesión o como un pago, todavía más indigno, por los votos que permitieron la investidura y la aprobación de los Presupuestos.

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