Indultos injustificados
La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone al indulto para los doce presos del ‘procés’ y avisa al Gobierno de que la medida de gracia no puede ser «moneda política de cambio» para llegar a pactos con los partidos independentistas. Razona que las penas son muy elevadas y los condenados no han mostrado arrepentimiento. Sus argumentos están cargados de razón. Primero, la sentencia contra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y sus compañeros no castigó la ‘ideología independentista’, sino el haber cometido un grave delito. Segundo, los políticos presos no han manifestado voluntad de no reincidir en sus conductas ilegales. Al contrario, han insistido en que volverían a intentar romper el Estado.
Los cuatro fiscales que participaron en el juicio del ‘procés’ (los aragoneses Javier Zaragoza y Fidel Cadena, además de Consuelo Madrigal y Jaime Moreno) firman los escritos en los que se oponen de plano a que se otorgue el indulto a los líderes independentistas al no apreciar razones de «justicia, equidad o utilidad». Hace bien el Ministerio Público en recordar al Ejecutivo, que gobierna y ha conseguido aprobar los Presupuestos del Estado gracias a los votos independentistas, que la concesión de indultos no puede utilizarse «como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios».
Es cierto que el indulto es una medida graciable, pero eso no significa que pueda ser arbitraria ni que su concesión no deba sujetarse a determinados requisitos, como los de justicia, equidad o utilidad. Tal vez podría plantearse si, con un radical cambio de actitud, los dirigentes soberanistas condenados contribuyesen a poner fin al desvarío secesionista. No es ese el caso, sino que ni siquiera han mostrado arrepentimiento por unas acciones que supusieron un grave atentado contra la democracia en nuestro país.
