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Educación: el derecho a elegir

Por
  • Heraldo de Aragón
OPINIÓNACTUALIZADA 22/11/2020 A LAS 02:00
Colectivos de la enseñanza concertada protestan contra la ley Celaá ante el Congreso de los Diputados.
Colectivos de la enseñanza concertada protestan contra la ley Celaá ante el Congreso de los Diputados.
Eduardo Parra / E. P.

Las manifestaciones que la enseñanza concertada ha convocado para hoy suponen una lógica reacción ante el menoscabo de la libre elección de centro que va a provocar la nueva ley de educación. Los conciertos no van en detrimento de la enseñanza pública, sino que reflejan la pluralidad social y el compromiso de muchas entidades sin ánimo de lucro con la formación de los niños y los jóvenes. La libertad de enseñanza es un derecho que enriquece a la sociedad.

No tiene sentido presentar, como pretenden algunas ideologías, a la enseñanza concertada ni como un peligro para la escuela pública ni como un privilegio elitista. Téngase en cuenta que en Aragón más de 54.000 alumnos acuden a centros concertados, de manera que estos colegios suponen una parte esencial de la red que presta el servicio público que satisface el derecho constitucional a la educación. La ley impulsada por la ministra Celaá se ha tramitado sin consenso social, cuenta con un respaldo parlamentario muy exiguo; y llega además en un momento en el que el debate resulta complicado por las urgencias que marca la pandemia. El Gobierno y sus aliados aprovechan estas circunstancias para reabrir un enfrentamiento absurdo y lanzar una grave andanada contra los colegios concertados, al retirar la demanda social como uno de los criterios para realizar o mantener los conciertos y prohibir la cesión de suelo municipal. Por añadidura, pone en cuestión la existencia de centros de educación especial, que son esenciales para muchas familias, con la perspectiva de una ‘inclusión’ en las aulas ordinarias cuya posibilidad práctica resulta muy dudosa. 

Es lógico que muchos ciudadanos, no solo los directamente vinculados a la enseñanza concertada, vean con preocupación una ley que, al menos en estos aspectos, va en contra de un derecho esencial y recogido en la Constitución, y supone una amenaza para unos centros de enseñanza que prestan un valioso servicio a la sociedad española.

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