Los meses y la extraordinaria gravedad de la pandemia han servido para que en Aragón se haya diluido el habitual peso del discurso político en beneficio de una  prioritaria exigencia gestora. Lo contrario hubiese sido difícilmente tolerable. Así, por encima de lo político, y a la espera de que una vez quede superada la enfermedad se analicen en profundidad las responsabilidades y las decisiones adoptadas, se ha incorporado el criterio de utilidad para paliar la triple crisis sanitaria, asistencial y económica. El Ejecutivo, centrado en el PSOE y que como mejor cemento muestra las necesidades de los otros tres socios (PAR, Podemos y CHA), ha contado durante estos meses con la colaboración de la inconcreta y bien disimulada labor de la oposición. Las muchas urgencias de la covid-19 han servido para trasladar una imagen de unidad dentro del Gobierno, evitando las tensiones que se presuponía surgirían entre los socios del cuatripartito aragonés y permitiendo que funcionasen las autoimpuestas líneas rojas responsables de la convivencia.

La covid-19 ha reforzado al PSOE dentro del cuatripartito, mientras ha mostrado a una oposición intermitente. No es una tarea sencilla encontrar el punto medio entre la responsabilidad y la crítica, especialmente cuando se ha venido construyendo un relato nacional tendente a reforzar a todos los gobiernos, pero desde la oposición –a la que se ha echado de menos en más de una ocasión– se ha errado al mostrar su labor como un complemento a la reacción de las presiones ejercidas por el personal sanitario, los hosteleros o los comerciantes.

La oposición en las Cortes regionales, que arrancó la legislatura con PP, Ciudadanos y Vox, ha carecido de una actuación compartida, ignorando su respaldo común al gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. Sus rumbos, bien distintos, están afectados por el nuevo papel adoptado por Ciudadanos, dispuesto a la ambivalencia y a una ganancia de visibilidad que se le hace tan imprescindible en Aragón como en el resto de España. Mientras los populares supieron reaccionar en el debate del estado de la Comunidad –habrá que observar qué ocurre en la tramitación presupuestaria–, Ciudadanos ha expresado un entendimiento tan cerrado con Lambán que confirma una necesidad mutua que actúa como garantía si, finalmente, algún miembro del cuatripartito se desinfla. Con Vox tocado tras la moción de censura, el espacio de la oposición en las Cortes se ha quedado para disfrute privativo del PP, que solo debe darse cuenta de la oportunidad.

Los bloques ideológicos en la Comunidad –ajustados a la espera de descubrir si Teruel Existe opta por dar el salto al palacio de la Aljafería– han quedado sustituidos por el juego dialéctico entre las dos principales instituciones: el Gobierno autonómico, nucleado en torno a Lambán, y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. Un reparto que refleja un bipartidismo de nuevo cuño donde PSOE y PP actúan como formaciones de cabecera. En Aragón, los partidos agrupados bajo este doble amparo se comportan más como corrientes que como voces propias, reforzando involuntariamente y por culpa de sus necesidades a la marca principal. La fuerza de estos bloques, que alcanza toda su comprensión cuando se incorpora al análisis la buena relación descrita entre Javier Lambán y Jorge Azcón, fija un entendimiento institucional que complica el intercambiado papel de oposición que tiene el PSOE en el consistorio y el PP en las Cortes regionales. Inmersos como estamos en la tercera ola de la pandemia, con unos registros sanitarios especialmente preocupantes, la colaboración resulta imprescindible, pero esta nueva definición de la política, adscrita a dos instituciones y a dos bloques, ha contribuido a orillar el impulso que aporta el parlamentarismo.