Los disturbios que algunos grupos de personas han provocado estos últimos días en varias ciudades españolas -también está ocurriendo en otros países- merecen una rotunda condena. Las fuerzas políticas y la sociedad deben rechazar con firmeza esas actitudes para impedir que se repitan y se extiendan. Si la violencia es siempre rechazable, todavía más en un momento tan complicado como el actual, cuando es indispensable mantener el buen orden y una cierta disciplina.

No cabe duda de que en la gestión de la pandemia se han cometido en España demasiados errores; y de que los gobernantes han transmitido muchas veces, y siguen transmitiendo, más confusión que confianza. Se comprende que estos fallos y esa falta de coherencia aumenten el cansancio y hasta el hartazgo que los meses de pandemia y de restricciones están causando en muchos ciudadanos. Pero el lógico descontento no puede justificar de ninguna manera los destrozos, los enfrentamientos y los actos vandálicos que se han cometido estas últimas noches en algunas ciudades españolas. Este tipo de disturbios, que agravan aún más la angustia de la gran mayoría de las personas, están menudeando por toda Europa y no pueden quedar sin respuesta. Las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad deben rechazar comportamientos de este tipo, que, desde luego, en nada contribuyen a aliviar ni los problemas sanitarios ni sus secuelas económicas. Por supuesto que los españoles tienen el derecho de manifestar su desacuerdo y sus críticas, pero deben hacerlo de acuerdo con las leyes, respetando también las normas preventivas contra la covid y siempre de manera civilizada y contenida. Las autoridades cuentan con toda la legitimidad para reprimir la violencia y llevar ante la Justicia a sus responsables. Permitir que la rabia o la provocación se desborden solo contribuiría a deteriorar nuestro sistema de convivencia y a hacer más frágil a nuestra sociedad frente a los peligros de la pandemia.