El ránking europeo de paro juvenil que compila Eurostat subraya uno de los problemas más serios que sufre nuestro país. España lidera dicho ránking con más del 40%, cuando la media europea está cerca del 18% y el país con el mejor resultado, Alemania, no llega al 6%. Como profesores universitarios este dato es descorazonador, por tratar diariamente con personas a las que intentamos ayudar a formarse lo mejor posible. Pero ¿formarse para qué? Aumentar el número de graduados universitarios es un objetivo deseable, pero si dicha formación no va acompañada de una salida laboral acorde al nivel formativo obtenido, solo se consigue un sentido de frustración y de pertenencia a un sistema fallido. Este efecto se recoge también en las estadísticas. Los últimos indicadores de la OCDE señalan que un 18,3% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan. ¿Cómo vamos a reintegrar un número tan elevado de personas al sistema productivo?

A la vista de estos datos y de que países de nuestro entorno presentan una situación más favorable, cabe deducir que emigrar es una opción razonable para los jóvenes. Sin embargo, para nuestro país, esto supone una pérdida enorme tanto en lo social como en lo económico. Socialmente, porque no somos un país con natalidad elevada, sino todo lo contrario, y no nos podemos permitir esa sangría de recursos humanos. Económicamente, porque los jóvenes que más fácilmente van a obtener trabajo en otros países son precisamente aquellos que mejor formación han adquirido. Una formación que ha sido, muy frecuentemente, cofinanciada con dinero público. Se suele estimar que las matrículas cubren tan solo alrededor del 20% del coste de los estudios de grado que se cursan en una universidad pública española. ¿De verdad podemos permitirnos formar a nuestros mejores talentos para que, una vez finalizada esta formación, se integren en países más ricos que el nuestro?

La pandemia ha puesto el punto de atención en el caso de los sanitarios, que responde exactamente a la premisa planteada. Pero otro ejemplo se produce en la universidad española, que se enfrenta a una situación demográfica alarmante. El último informe de Studio XXI indica que la edad media del profesor funcionario es de 52,99 años (52,37 en Aragón), con un 23,14% que ya ha cumplido 60 años o más y tan solo un 2,93% entre 30 y 39 años. Son datos de 2014, pero es presumible que los actuales sean peores. Urge por tanto rejuvenecer el sistema, ya que la investigación y la innovación precisan del impulso y la visión fresca de las nuevas generaciones.

En este contexto universitario se repite el problema ya planteado: podemos formar un número elevado de doctores, máxima titulación académica y requisito indispensable para alcanzar una plaza de profesor permanente en la universidad, pero no nos resulta sencillo integrarlos después en nuestro sistema, ya que ni las instituciones públicas ni las empresas presentan demanda suficiente. Resulta innegable que estamos perdiendo talento muy valioso.

A partir de los años ochenta las estancias en el extranjero de nuestros investigadores comenzaron a ser habituales, lo que ha producido un efecto enormemente positivo y ha permitido que la producción científica española se sitúe muy por encima de la correspondiente a su inversión en porcentaje de PIB. Hoy en día, sin embargo, muchas de estas estancias se van alargando ante la imposibilidad de regresar. Los programas de retorno de este talento (Ramón y Cajal o Beatriz Galindo a nivel nacional, o Araid a nivel aragonés) suponen una constatación de que este problema existe, pero aun así el número de contratos sigue siendo escaso y los requisitos de acceso son cada vez más competitivos.

Quizá el lector se pregunte si no sería posible captar el mejor talento internacional disponible con dichos programas en lugar de favorecer el retorno de los españoles que trabajan en centros de investigación extranjeros. Por desgracia, las condiciones laborales que aquí se ofrecen son poco competitivas en comparación con las de los países líderes en investigación. Si todavía existen investigadores españoles que quieren volver es fundamentalmente por motivos de índole personal, no profesional.

La gravedad de la situación no nos permite terminar este artículo con una nota de optimismo. Es preciso reconocer la magnitud del problema y ponernos a trabajar para solucionarlo. Ojalá seamos capaces de llevar a cabo una reforma profunda de nuestra economía que permita apostar por la investigación y la innovación de forma decidida. A nivel universitario, resulta urgente que en España exista una carrera investigadora atractiva que consiga identificar, retener y consolidar a los mejores talentos. La renovación del profesorado debería obedecer a un plan bien diseñado, evitando que las incorporaciones masivas de una generación vayan seguidas de años de escasez y deterioro. Nos jugamos nuestro futuro. Futuro que, parafraseando a Woody Allen, viene a ser ese lugar donde pasaremos el resto de nuestras vidas.