Las mayorías reforzadas nacieron para alimentar el consenso. Antídoto contra el exceso, buscan el esfuerzo compartido que exige toda negociación. Son también un freno ante cualquier duda sobre las legitimidades parciales y por ello se aplican en cuestiones tan determinantes como el sistema parlamentario de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La exigencia de esta mayoría, que ahora pretende cambiar el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, aunque el viernes Pedro Sánchez lanzó un ofrecimiento de negociación al PP con dudas sobre su auténtica motivación, habla de la importancia que en un Estado de derecho se concede al Poder Judicial y también de la defensa -pese a que aún estemos pendientes de una reforma global que habría de blindar por completo la independencia judicial- del espíritu y la letra recogidos en la Constitución del 78. 

Rebajar los porcentajes para elegir a los miembros del CGPJ o limitar sus funciones cuando entren en situación de interinidad implica un desmontaje del modelo de Estado, una reforma de extraordinario calado que la propia Comisión Europea ha advertido, desde la preocupación, que «seguirá con atención». Esta alteración de las actuales normas, como ya buscó Polonia al proponer distintas reformas que fueron declaradas contrarias al orden legal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, atentaría contra las exigencias comunitarias que velan por la independencia del sistema judicial de los estados. 

La propuesta del Gobierno, presentada como una proposición de ley por los grupos de PSOE y Unidas Podemos para acelerar su tramitación y para eludir los informes del CGPJ o del Consejo de Estado, confirma la falta de reparos ante una reforma que permite un aprovechamiento político cortoplacista. 

Que el Gobierno se muestre dispuesto a causar un mal mayor como vía de escape a un problema que debería haber sido resuelto hace meses solo confirma una preocupante ligereza institucional, aunque igualmente preocupante resulta colocar a los jueces en mitad de la polémica. Este protagonismo no buscado, que sirve para menoscabar su credibilidad al introducirlos en un debate grueso, sin matices y que los exhibe ante la opinión pública como otra pieza más en dependencia del poder político, contribuye a extender despreocupadamente el desprestigio sobre la actuación de los tribunales.

La reforma propuesta por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias -que de no lograrse enmendar tras un acuerdo con los populares acabará recurrida ante el Tribunal Constitucional- concede al Gobierno el beneficio en el liderazgo del ruido político, ignorando el verdadero debate sobre la necesidad de garantizar una transformación que blinde la independencia judicial. No cabe duda de que el bloqueo que padece el CGPJ tiene que ser superado, aunque el peligroso exceso de PSOE y Unidas Podemos, aparte de confirmar el deseo de una utilización a medida de la justicia, también muestra que el PP de Pablo Casado -cómodo con la actual mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces y con una gran responsabilidad en esta parálisis-, no ha sabido leer una urgencia que requería de una alternativa previa a las condiciones ahora impuestas por los populares para sentarse a negociar con Sánchez.

El Ejecutivo de coalición, ahora inclinado a la negociación con el PP para salvar la presión de la UE, debería atreverse a reflexionar sobre lo que implica situarse en el extremo alentando la polarización, al igual que sobre las intensas consecuencias que para la reputación del país acarrea que nuestros socios europeos nos vean dispuestos a limitar la independencia de los jueces alterando el sistema de elección y, especialmente, sobre lo incomprensible que resulta que en mitad de una pandemia se esté interesado en ignorar la Constitución.

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