Una reforma peligrosa
La pretensión del PSOE y de Podemos de eliminar la mayoría reforzada en la elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supone un paso muy peligroso para la integridad de la democracia en España, pues modificaría una pieza básica del entramado institucional sin el consenso necesario, con perspectiva partidista; y, además, lesionaría gravemente la independencia del Poder Judicial.
Desde la Ley Orgánica de 1985, el Congreso y el Senado eligen a los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero han de hacerlo con el voto favorable de tres quintas partes de los diputados o senadores. Esta ‘mayoría reforzada’ fue considerada por el Tribunal Constitucional como un requisito para la independencia del poder judicial. La reforma que ahora plantean el PSOE y Podemos, detrás de la cual está el propio Gobierno, supondría que doce de esos vocales podrían elegirse por mayoría absoluta, quedando así en buena medida la formación del Consejo en manos de la misma combinación parlamentaria que sostiene al Ejecutivo, sin un indispensable contrapeso. Un aspecto tan esencial de las instituciones, que afecta de lleno a la independencia del poder judicial, no puede modificarse con prisas y sin el consenso de la oposición, con una clara intención partidista. Es lamentable que la renovación del CGPJ lleve casi dos años paralizada debido a la falta de acuerdo, y en ese bloqueo el PP tiene también su parte de culpa. Como resulta desoladora la politización a la que los partidos someten al Consejo. Pero esta es una de esas cuestiones de arquitectura del Estado que tienen que resolverse con consensos transversales que doten al sistema de estabilidad; y ahí es donde está fallando rotundamente la responsabilidad del PSOE y del PP. Sin acuerdos básicos entre ambos partidos, la democracia española no puede funcionar correctamente.
