El magistrado responsable del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional pide al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por denuncia falsa en el caso Dina. Considera que el vicepresidente del Gobierno podría haber cometido un delito por quedarse la tarjeta del móvil de su ex asesora Dina Bousselham. En un Estado democrático y de derecho, como es España, es obligado someterse todos a la presunción de inocencia y al respeto a la acción judicial. No obstante, es evidente que estas acusaciones debilitan y desestabilizan al Ejecutivo en un momento en que el país necesita un liderazgo firme estable para hacer frente a la crisis sanitaria y a la económica.

La condición de aforado del líder de Unidas Podemos impide al juez Manuel García Castellón imputarlo y por esta razón solicita al Alto Tribunal, como órgano competente, que le abra una causa penal por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos, y denuncia falsa o simulación de delito. El magistrado considera que Pablo Iglesias urdió una estrategia con su partido para presentarse como una víctima del ex comisario Villarejo cuando se abrió esta pieza separada en la Audiencia Nacional. A partir de aquí, le corresponde al Supremo investigar los hechos.

La noticia ha generado una cascada de reacciones: Pablo Casado ha asegurado que esto es motivo de destitución fulminante, mientras que el partido morado se defiende con el argumento de que “contra Pablo Iglesias vale todo”. Entre unos y otros, el presidente del Gobierno ha respaldado a su vicepresidente segundo. Se reaviva así una batalla que supera con creces el ámbito jurídico y entra de lleno en el rifirrafe político, lo que contribuye a difuminar la verdadera dimensión de los hechos denunciados. Lo importante ahora es que la Justicia haga su trabajo al margen de las presiones del bullicio partidista.