Lo que siempre debió ser un debate médico derivó en conflicto asistencial cuando se conoció la ajustada capacidad de respuesta del sistema sanitario. La crisis del coronavirus descubrió las limitaciones de un modelo que se presuponía robusto, confirmando que las carencias, además de severas, eran evidentes. La atribución y la búsqueda de responsabilidades dieron paso a la política, casi sin tiempo suficiente para lograr que los criterios sanitarios se impusieran al toma y daca. Los encontrados mensajes científicos y las confusas recomendaciones terminaron ofreciendo una señal de desorientación que permitió la aparición de la duda.

Cuesta descubrir dónde está la razón y dónde se encuentran los criterios objetivos que pueden dirimir el conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid porque, sencillamente, a la crisis del coronavirus se le ha atribuido una condición ideológica que ha emponzoñado las respuestas. El peor de todos los escenarios ha terminado por imponerse relegando lo sanitario en beneficio de lo político, una evidencia que concede alimento a los extremos, da aire a los negacionistas y crispa a una población inmersa en la pelea diaria por convivir con los límites impuestos por la pandemia.

La desconfianza entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid no es nueva, nace con una desescalada o vuelta a la ‘nueva normalidad’ que tampoco se ajustó a los criterios estrictamente sanitarios y asistenciales. Ese proceso, que tuvo mucho de negociación y bastante de atención a la oportunidad política, sumaba la variable del deseado desenganche de las comunidades de la tutela ministerial. Las autonomías, que reivindicaban su capacidad gestora, administraron sin criterios comunes los coletazos finales de la primera ola de la enfermedad y el inicio de la segunda. Falló por incomparecencia la presencia de una autoridad sanitaria común responsabilizada de guiar las decisiones bajo una visión científica. Tal fue la falta de herramientas, incluso legales, que Moncloa aceptó que las comunidades pudieran solicitar la activación en sus territorios del estado de alarma.

Sin ningún comité de expertos, ni ahora ni antes, y con el amparo del Consejo Interterritorial de Salud (un órgano político de representación de las autonomías), el Ministerio, una vez desatada la crisis con Madrid, ha buscado fijar lo que no se había logrado en meses: los requisitos necesarios para confinar a los municipios. Las medidas, que tienen sentido siempre y cuando sean homologables en su comparación, vuelven a dejar en manos de las autonomías la gestión de los datos. Así, para una posible intervención se acuerdan tres condiciones que pasan por reconocer una determinada tasa de incidencia acumulada de contagios (500 por cada 100.000 habitantes), un porcentaje de ocupación de camas UCI y un porcentaje de pruebas PCR positivas. Hasta aquí todo correcto aunque, una vez más, se deja la puerta entreabierta para que la picaresca se cuele y las autonomías computen camas UCI que no reúnen estrictamente esa condición o que, por ejemplo, se frene el número de pruebas PCR para evitar que se alcancen ciertos porcentajes.

Cerrar la capital de España no es una decisión menor. El mensaje que se lanza al resto del país y al extranjero resulta dramático por las gravísimas consecuencias económicas y sociales. Pero, quizá lo más vergonzoso de lo vivido estos días sea que la falta de colaboración y entendimiento entre las dos administraciones, en especial tras la escenificación del encuentro en la Puerta del Sol entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, no ha generado beneficio alguno más allá de una colorista fotografía. Con un enfrentamiento que resolverá la Justicia, este choque de trenes ha tensionado el espacio competencial de la Comunidad de Madrid mientras nos preguntamos cómo es posible que hayamos vuelto a esta situación.