Entre las muchas y diversas razones que permiten comprender el crecimiento del sentimiento independentista en Cataluña siempre se ha incluido como problema lo que se ha definido como «una ausencia del Estado». Relegados de la natural convivencia, la estrategia del secesionismo oculta los símbolos institucionales nacionales y las identidades culturales compartidas en un empeño por alimentar el desconocimiento y el recelo. El traslado del Senado a Cataluña o la creación de una sede del Museo del Prado en Barcelona han sido propuestas que buscaban el sostenimiento de los lazos mientras aspiraban a corregir esa falta de visibilidad de la idea de España. 

En el escalafón institucional no existe más alta representación de España que la de la Jefatura del Estado. El Rey simboliza la unidad nacional -así lo recoge el artículo 56 de la Constitución- y «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones». Objetivo a batir por el independentismo tras el desafío de 2017, en especial por su discurso del 3 de octubre, su presencia en la entrega de los despachos de cada nueva promoción de jueces, además de una costumbre bien recibida por la judicatura, expresa el respaldo a uno de los tres poderes donde se asienta el Estado de Derecho. La decisión del Gobierno de no permitir la asistencia del Rey el pasado viernes en Barcelona, una medida que ha causado un profundo malestar en la judicatura y que la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo señaló que «está muy bien tomada», arrastra importantes consecuencias porque, tal y como explicó el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, «la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos de los jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos».

Limitar o fijar un criterio partidista de oportunidad política a los movimientos del Jefe del Estado, aparte de un contrasentido con su figura institucional, solo concede amparo a aquellos que dudan de la legitimidad de la arquitectura constitucional. La ausencia del Rey, que el mismo Monarca disculpó con una llamada a Lesmes asegurando que le habría «gustado estar», insiste en la pérdida consciente de peso y presencia de las instituciones del Estado en Cataluña mientras debilita a la Jefatura del Estado. Pensar que el Monarca solo puede acudir a Cataluña cuando no moleste al secesionismo o cuando su visita no coincida con la espera de la noticia de la sentencia de inhabilitación del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, es no alcanzar a comprender el papel que desempeña la Corona.

Hacer tambalear el entramado institucional del Estado es un arriesgado entretenimiento político que marca una peligrosa ligereza que adquiere dimensión cuando se observa a un país en recesión arruinado por culpa de una profunda crisis sanitaria. Podría entenderse que ese ejercicio de irresponsabilidad procediera de aquellos que buscan instalarse en el «cuanto peor mejor», pero nunca de un Gobierno que debe velar por la defensa de las instituciones. Se equivoca Pedro Sánchez cuando cree que puede utilizar a la Jefatura del Estado como pieza de una negociación o como fórmula para contentar a su socio, porque con este tipo de renuncias solo daña la estabilidad constitucional. Si ya resulta absurdo que miembros del Ejecutivo como Pablo Iglesias y Alberto Garzón ataquen al Rey contraviniendo el sentido de responsabilidad que exige su presencia en el Gobierno, más incomprensible es que el presidente conviva con esta evidencia. 

La aprobación de los presupuestos se ha convertido para Pedro Sánchez en una prioridad política sobre la que, al parecer, no cabe restricción alguna y donde todo vale cuando lo mismo se entremezclan la reforma del Código Penal, los gestos hacia el secesionismo con la puesta en marcha de un procedimiento legal de indultos a los condenados del ‘procés’ o la prohibición de la presencia del Rey en un acto donde se subraya el valor de la independencia judicial. La propuesta de presupuestos de Sánchez, como argumentaba el exministro Ramón Jauregui en estas mismas páginas, no cuenta, después de un mes de debates, con una sola cifra, con «ninguna orientación de prioridades, ningún cuadro macro sobre el que asentar el puzle económico del país; y sin embargo oímos hablar a unos y a otros sobre las alianzas que lo harían posible o sobre los vetos a ciertos apoyos», solo refleja un empeño por obtener la propia estabilidad del presidente y de su Ejecutivo. 

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