El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, dará hoy una respuesta institucional para mostrar el malestar del órgano ante la ausencia del Jefe del Estado, por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, en el acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces que se celebra cada año en la Escuela Judicial en Barcelona. Le asiste la razón a la cúpula del poder judicial cuando manifiesta su enfado. La Constitución establece en su artículo 117 que «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados». En consecuencia, lo que corresponde es que sea el jefe del Estado el que presida los principales actos de la institución judicial, incluido, por supuesto, el nombramiento de la nueva promoción de jueces.

Con una parte muy notable de la carrera judicial en pie de guerra, el Gobierno se ha visto obligado a salir a intentar justificar su negativa a que Felipe VI acuda al acto en Barcelona, al que ha asistido todos los años desde que asumió la Jefatura del Estado. Pero ni la vicepresidenta Carmen Calvo ni el ministro Juan Carlos Campo han detallado las razones que han provocado la inasistencia del Monarca. La falta de explicaciones alimenta la tesis de que el Gobierno lo hace para lograr el apoyo de ERC al proyecto de Presupuestos de 2021; es decir, otra bochornosa cesión del PSOE y Podemos al separatismo, que ha dejado claro repetidamente que aspira a acabar tanto con la unidad de España como con la monarquía parlamentaria.

La obligación del poder ejecutivo, como también del legislativo y el judicial, es trabajar para la estabilidad institucional del país. Y, en este sentido, una prioridad del Gobierno debe ser que el Rey, máximo representante del pueblo español, acuda con normalidad a presidir los actos que lo requieran en cualquier lugar de España, sin ningún tipo de cortapisas.