Con todos los problemas y las angustias que nos está causando la pandemia, cabría pensar que en el mismo momento en el que esté disponible una vacuna contra la covid aprobada por las autoridades sanitarias, los ciudadanos se lanzarán a hacer cola ante hospitales y dispensarios para ponerse la inyección. Pero también puede ocurrir que, por el contrario, los sanitarios tengan que cazar con lazo a la gente para propinarle el pinchazo, porque sean muchos los que se nieguen a recibirlo.

Según la última encuesta del CIS, más del 40 por ciento de los españoles (entre las mujeres, casi el 46%) rechazaría ponerse de manera inmediata la vacuna. Y hemos podido leer o escuchar a médicos y epidemiólogos que comparten y argumentan ese rechazo. No se trata en este asunto de la influencia de esos movimientos irracionales que están en contra de que se administren vacunas que llevan mucho tiempo demostrando su eficacia e inocuidad. No, la cuestión con la covid es otra. Se trata de saber hasta qué punto podremos fiarnos de unas vacunas desarrolladas a toda prisa, acortando los plazos habitualmente indispensables, entre grandes presiones de todo tipo y con un indudable trasfondo comercial y político.

Es posible, o no, que, como nos van anunciando, la primera vacuna aprobada por la Unión Europea esté a nuestro alcance a finales de este año o comienzos de 2021. Pero científicos y políticos van a tener que emplearse a fondo para convencer a todos los ciudadanos de que hay que ponérsela.