La pandemia obliga a múltiples reflexiones. Algunas son de orden global, transversales a cualquier Estado y geografía. Otras, por el contrario, tienen un alcance local. Las consecuencias de la irrupción del coronavirus no han sido las mismas en todas partes y no sólo la actuación de los distintos poderes públicos, sino también la capacidad de las estructuras públicas para afrontarlas, han sido bien diferentes. Por ello, junto a una lectura global, es obligado detenerse en una lectura individualizada en cada país. Una lectura que, pienso, en España es particularmente urgente y necesaria.

Una reflexión que debe realizarse sobre dos escenarios que si bien se encuentran naturalmente vinculados, necesitan de examen diferenciado. Por un lado, es imperioso intentar conocer las razones más inmediatas por las que la epidemia ha tenido entre nosotros consecuencias particularmente graves. La respuesta, seguro, es compleja porque las causas son múltiples. Decisiones políticas, comportamientos sociales, variables que hoy nos son desconocidas. Todo suma. Conocer, por lo menos parcialmente, las razones de lo sucedido, es imprescindible. Para ello, los responsables políticos deben abandonar tanto la senda de los reproches como la del triunfalismo. La disputa política debería quedar aparcada en beneficio de la búsqueda de acuerdos transversales. Los ciudadanos precisan, y con urgencia, de acciones positivas que hagan su futuro inmediato algo menos precario, si no, directamente, dramático.

Pero si esta primera aproximación a lo sucedido es imprescindible, más aún lo es ampliarla para diagnosticar los fallos estructurales que se han puesto en evidencia durante estos meses. Como se ha indicado, necesariamente habrá habido errores en la gestión de la crisis e, incluso, se podrá alegar que nuestras pautas sociales no han ayudado. Pero no explican por sí mismas la gravedad de las consecuencias de la epidemia en España. Si ello ha sido así, es porque han interactuado con un Estado que tiene debilidades estructurales muy serias. Un diagnóstico que se ha puesto en evidencia alrededor de sectores como educación, sanidad, política cultural, protección social, administración pública u organización territorial, por citar las más evidentes y obviando el largo catálogo que se podría realizar alrededor de la economía.

No es exagerado decir que España lleva muchos años sin acometer reformas estructurales. Reformas que han sido reiteradamente demandadas tanto por organismos nacionales como internacionales. No se han acometido políticas de renovación y transformación. Siendo las bases de muchos ámbitos de la acción pública ya precarias, se ha dejado pasar el tiempo mientras el contexto cambiaba radicalmente. La calidad y eficacia de cualquiera de los sectores mencionados, se ha ido deteriorando. En el mejor de los casos, no se ha sido capaz de adaptarse al nuevo modelo social. En otros, simplemente, ha habido una indudable pérdida en la prestación de los servicios correspondientes. En circunstancias ordinarias, la situación podía ser más o menos sostenible, aunque no sin daños. Cuando ha llegado un embate extraordinario y de particular gravedad, la capacidad de reacción ha sido inferior a la debida. Las consecuencias inmediatas de la crisis, económicas y sanitarias, se han visto agravadas y, simultáneamente, se han levantado los últimos velos, poniendo delante de nuestros ojos déficits muy importantes. Hoy, por seguir con los ejemplos citados, resulta imposible negar que es preciso reformar en profundidad cuestiones como el sistema sanitario, el modelo educativo, el diseño burocrático-administrativo o la forma de organización de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas y entre estas entre sí.

Las crisis, se dice, son una oportunidad. En este caso, cabría añadir que una muy cara oportunidad. Pero es innegable que el marco de ayudas diseñado por la UE representan para este país una significativa esperanza. Aprovecharla exige ser capaces de diseñar un ambicioso programa de proyectos de renovación y modernización. Un diseño que sólo podrá ser viable si se realiza desde el consenso y la humildad para reconocer los errores cometidos. También desde un adecuado diagnóstico previo.