Joaquim Torra ha descartado convocar elecciones en Cataluña tras pedir al Tribunal Supremo, entre gruesas descalificaciones, que no le inhabilite por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar una pancarta a favor de los ‘presos’ del ‘procés’ en plena campaña electoral. Intenta reavivar así su estrategia de enfrentamiento con el Estado español y de bloqueo institucional en la Comunidad a pesar de la emergencia sanitaria por la covid-19 y de un desplome económico sin precedentes. La única razón que explica esta absurda prórroga de la agonía de una legislatura agotada es la pugna entre JxCat y ERC por la hegemonía del independentismo. Son los ciudadanos catalanes los que lo pagarán. 

El presidente de la Generalitat, con la irresponsabilidad que le ha caracterizado desde el primer día de su mandato, aboca a Cataluña a una inoportuna parálisis institucional en plena pandemia y retrasará hasta febrero la celebración forzosa de los comicios ante la segura incapacidad de las fuerzas secesionistas para pactar la investidura de un nuevo president. Si finalmente es inhabilitado, actuará en funciones el vicepresident Pere Aragonés, jefe de filas de Esquerra. A partir de entonces, lo previsible es que, para alentar el desorden, para elevar al martirologio al president, para alentar el enfrentamiento con Madrid y para tratar de impedir el avance electoral de ERC que anuncian las encuestas, los sectores afines al radicalismo de Torra y Puigdemont acusen a Aragonés de traición.

Se trata de un capítulo más del desnortado camino en el que los independentistas metieron a Cataluña hace una década. Está claro que nada de eso tiene que ver con los intereses de los ciudadanos ni con la lucha contra la pandemia ni con reparar la profunda división que han generado en la Comunidad. Todo ello dejó de importarle a la Generalitat hace mucho tiempo.