Un decreto insuficiente
El Gobierno ha decidido suspender en 2020 la regla de gasto para los ayuntamientos, una herramienta de control presupuestario llamada a evitar desfases con respecto a los ingresos en el ámbito local. La decisión llega cuatro días después de que el Ejecutivo sufriera una severa derrota en el Congreso, que rechazó de forma generalizada la convalidación del real decreto sobre los remanentes de los consistorios. Pedro Sánchez rectifica así, pero el nuevo decreto es claramente insuficiente. Muchos ayuntamientos españoles, como el de Zaragoza, arrastran graves problemas financieros que ahora se han visto incrementados por los gastos extraordinarios que está generando la lucha contra el coronavirus. El Gobierno debe colaborar a paliar la escasez presupuestaria.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido dejar en suspenso la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan acceder sin restricciones a su superávit. A pesar de lo reticente que se mostró el pasado jueves tras la derrota en el Congreso, ahora se centra en uno de los aspectos que más consenso parlamentario puede recabar, dejando a un lado el controvertido uso de los remanentes. Es un paso adelante del Gobierno en el camino negociador que debe recorrer junto a los ayuntamientos.
La justa reivindicación municipal, encabezada en buena medida por el alcalde zaragozano Jorge Azcón, debe obtener respuestas por parte de la Moncloa al menos en dos aspectos concretos: primero, recuperar la idea de crear un fondo de 5.000 millones de euros comprometidos por el Gobierno; segundo, poner en marcha ayudas a la movilidad urbana. La obligación del Ejecutivo es resolver los problemas de los ciudadanos y puede hacerlo de forma muy directa paliando con determinación los graves déficits financieros de los ayuntamientos. Urge el consenso, no el disenso.
