El Gobierno debe rectificar
El Congreso ha rechazado la convalidación del polémico real decreto de los remanentes de los ayuntamientos, que solo ha tenido el apoyo de PSOE, Unidas Podemos e, inexplicablemente, Teruel Existe (Guitarte se escuda en que le aseguraron que había un acuerdo). El Gobierno, que inicia así el curso político con una contundente derrota parlamentaria, debe rectificar. El camino es pactar una buena solución porque es su responsabilidad cooperar con los consistorios para que estos puedan hacer frente a los enormes problemas de liquidez que arrastran la mayoría y que ahora se ven incrementados por los gastos que está generando el coronavirus.
La no aprobación del decreto ley de los remanentes supone una sonora derrota para el Ejecutivo, sobre todo porque no ha sido capaz de sumar apoyos, más allá de Unidas Podemos. Se trata del quinto real decreto que un gobierno pierde desde el final de la dictadura. Y la responsabilidad recae en el Ejecutivo, que sólo ha buscado el diálogo en los últimos días y que desde el principio ha planteado esta reforma diferenciando entre los ayuntamientos que tienen ahorro y los que no, sin profundizar en las razones sobre la situación financiera de cada municipio.
El real decreto había causado la sublevación de alcaldes de casi todos los colores políticos. Más de 30 regidores de 13 partidos distintos reclamaron la semana pasada un fondo estatal de 5.000 millones para todos los ayuntamientos, que se repartiría por criterios de población. Esta justa revuelta municipal ha estado encabezada, en buena medida, por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Que la quinta ciudad de España se vea privada de ayudas estatales para compensar los efectos de la pandemia es un absurdo y un agravio. El Gobierno debe rectificar y presentar un nuevo proyecto que garantice a los municipios los recursos suficientes para abordar esta crisis.
