Escribía estos días Daniel Capó que la pandemia anuncia una triple crisis –sanitaria, económica y educativa– que seguramente desembocará "en una grave fractura política porque, al igual que sucede en el famoso cuento del traje nuevo del emperador, detrás del velo del poder se oculta un inquietante vacío que termina inoculándose en la vida pública". A esas tres (o cuatro) patas de la crisis quizás haya que añadir otra más, no solo instrumental de todas ellas, pero fundamental a sus efectos: la del Derecho. Como la educación o la economía, también el sistema jurídico venía sufriendo en sus pilares fundamentales (el principio de legalidad, la independencia de la función jurisdiccional, la eficacia de las normas…) una importante erosión, en buena medida fruto del auge del populismo identitario, que la crisis del coronavirus ha venido a acentuar.

Tales efectos de la pandemia en el Derecho no tienen que ver solo con el uso de las normas de excepción (en ocasiones justificado, a tenor de las circunstancias), sino con un excepcional y extraordinario abuso de las normas, propiciado por unos y consentido por todos: modificación de leyes orgánicas a través de decreto ley o de leyes vía reglamento, solapamiento y contradicciones normativas, confusión entre reiniciar y reanudar plazos, promulgación de normas que no se publican (cuando escribo estas líneas, por ejemplo, sigue sin publicarse, que yo sepa, la Orden de 30 de junio de la Consejería aragonesa de Educación por la que se dictaban instrucciones para hacer frente a la crisis sanitaria en el ámbito educativo, remitida a los centros a principios de julio), y un largo etcétera que seguramente daría de sí para una tesis doctoral o para una novela distópica.

En el ámbito de la Justicia la degradación es aún más hiriente o insultante para los profesionales del Derecho, a tenor de las recientes declaraciones del ministro del ramo defendiendo el "histórico impulso modernizador" que según él han llevado a cabo con la habilitación del mes de agosto. Una medida totalmente inútil, ya que a la vez que se aprobaba y pregonaba a los cuatro vientos de la opinión pública (con la opinión en contra de los abogados y el silencio cómplice de sus representantes), ‘sottovoce’ se ‘obligaba’ a los jueces a tomarse vacaciones y se les pedía encarecidamente que no celebraran juicios y no notificaran sus resoluciones antes de septiembre, para evitar males mayores.

Es verdad que la ‘complejidad’ y la ‘incertidumbre’ de la situación no ayudan mucho, pero también lo es que el abuso de esos términos suele ser con frecuencia, como dice G. Luri, una excusa o un refugio de la pereza mental. De hecho, buena parte de ese exceso –y de las chapuzas jurídicas que lo acompañan– no tiene solo que ver con las dificultades del contexto (aunque también, claro está), sino con la forma de encararlo. Por un lado, por la obligación autoimpuesta por las propias autoridades de que se vea que hacen algo, cazcaleando y dando palos de ciego con declaraciones rimbombantes y normativas confusas, redundantes o inútiles, para cumplir con el relato y evitar la sensación de descoordinación, impotencia o ineptitud que en el fondo transmiten. Por otro, por una visión bastante simplista e ignorante del Derecho (que en el fondo oculta un resentido desprecio hacia el mismo desde la política), y su uso desmedido buscando más el impacto simbólico inmediato que la eficacia material.

Pero el Derecho es una tecnología conceptual compleja, destilada a lo largo de los siglos, y que conviene respetar y utilizar adecuadamente. No solo porque el efecto de una decisión o una modificación normativa es múltiple, sino porque toda herramienta que no se usa adecuadamente acaba perdiendo su valor y puede dañar aquello que queremos arreglar, desprestigiando a la vez a quien la utiliza. No olvidemos, en ese sentido, los sabios consejos del loco Don Quijote a Sancho Panza, cuando este era gobernador de Barataria: "No hagas muchas pragmáticas –decía el ingenioso hidalgo–, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen, antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella".

Andrés García Inda es profesor de la Universidad de Zaragoza