La perspectiva de un residente
Durante unas semanas he escrito críticamente sobre las residencias desde mi experiencia como usuario de una, que he querido dejar desde que llegué. Mi opinión es fruto de largas vivencias, no ligada al drama coyuntural de la covid; mi queja no es anecdótica: mi residencia, se dice, es excelente y, sí, la calidad del personal es ‘in toto’ muy buena, presta gran atención a la seguridad y a satisfacer preferencias personales, y el diálogo resuelve cada desencuentro. Pero auxiliares y enfermeras trabajan a paso rápido, el tiempo de atención personal fuera del indispensable es escaso, hay que apañarse con diez metros cuadrados de alcoba y baño, la comida es mejorable y es muy duro convivir con personas psiquiátrica, neurológica o psicológicamente afectadas que a menudo no controlan sus actos.
Con todo, la crónica falta de personal, la arquitectura conventual, el exceso de fritos o la peregrina ocurrencia de llamar integración de la diversidad a una heterogeneidad incómoda, que todo lo complica, son problemas secundarios frente al hecho de que es legalmente posible vedar a usuarios y empleadas la oportunidad y la información necesaria para discutir democráticamente asuntos económicos y organizativos determinantes de su calidad de vida y de trabajo. Así es imposible saber qué causa la escasez de recursos. ¿Ingresos insuficientes, mala gestión, prioridades corporativas distintas, una legislación desfasada, pobres políticas públicas…?
También parece imposible saber si hay modelos asistenciales con mejor relación calidad/seguridad-coste que las residencias. Sin datos públicos, hago cuentas con los míos. Con mi pensión y un 50 por ciento de ayuda para una tercera persona de apoyo, pude hacer vida independiente unos años gracias al salario de mi esposa y su ayuda en casa. Al cesar esa situación, hube de ingresar en una residencia que percibe por cuidarme, de mí, la ayuda antedicha, y del Estado, según creo, entre cuatro y cinco mil euros por el concierto de la plaza. Con eso sobra para hacer vida independiente. ¿El coste social neto del cuidado no es pues mayor en una residencia que en casa; no crea menos empleo? ¿Qué sentido tiene entonces aquella? ¿Mi subvención subviene a residentes que no reciben un subsidio proporcionado a su necesidad? ¿Estoy contribuyendo a que la empresa acumule un capital que servirá para construir futuras residencias porque el Estado, siempre deficitario, no ahorra de otro modo? ¿Sufrago una burocracia corporativa quizá innecesaria para este tipo de servicio? ¿No sería socialmente más eficaz y económicamente más eficiente que las empresas facilitasen con seguridad personal formado y ajustado a la demanda del hogar y el erario aportase, de ser preciso, la infraestructura domiciliaria idónea para el cuidado a largo plazo, digno, seguro y emancipador de una persona o un grupo conviviente? No sé las respuestas y son importantes.
Cabría esperar que para evitar dispendios las administraciones se unirían para promover el envejecimiento sano y activo, y la vida independiente de las personas con discapacidad; que multiplicarían grados y modos de apoyo en el propio hogar, calibrando su coste-efectividad; que fomentarían hábitats diversos; que animarían mil iniciativas para combatir la marginación de los mayores; que promoverían el voluntariado para cuidar a dependientes, y que nosotros participásemos en actividades a las que pudiéramos contribuir; que harían lo posible para que solo quien necesite una asistencia crónica inviable en su domicilio hubiere de mudarse a una residencia; y para que nadie pidiese plaza solo por huir del tedio y la soledad.
No es así y no sé si obedece a falta de medios, interés, visión o vigor para vencer inercias o intereses creados. Tal vez sufrimos la típica trampa de la pobreza: el dinero llega para subvenciones, no para infraestructuras que reducirían su necesidad, igual que dedicamos millones a apoyar a personas que no encuentran trabajo y no hay dinero para dar trabajo o estabilizarlo en servicios públicos de cuidado y otros.
¿Saben? Acaso ni la evidencia de que en condiciones epidémicas las residencias son lugares de máximo riesgo abra un debate técnico y político sobre ellas. Eso lo dice todo.
