El coronavirus, que irrumpió en España a mediados de curso escolar, produjo el cierre total de todas las instalaciones docentes en torno al 12 de marzo. Ello ha significado en la práctica la pérdida del curso académico.

La imposibilidad de impartir clases presenciales ha puesto en marcha un rudimentario sistema de educación por vía telemática a distancia que resume lo que habrá de ser el futuro, pero que ha dado resultados muy pobres ya que, primero, el profesorado no estaba preparado, segundo, el sistema no estaba adaptado a la educación a distancia, por lo que la aprehensión de las materias se hacía difícil y no había modo de eludir suplantaciones, picaresca, fraudes, etc., y tercero, solo una parte de los alumnos dispone de la tecnología apropiada. La fractura social se incrementaba, pues, gravemente, ya que se producía una marginalización que dependía básicamente de la falta de recursos de las clases menos acomodadas.

La parálisis del sistema educativo es un hecho gravísimo. El secretario general de la ONU, António Guterres, un hombre de indiscutible altura intelectual, ha avisado de que el impacto de la covid-19 en el ámbito educativo supone que el mundo se enfrenta a una "catástrofe generacional" que podría “desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas”. Guterres ha recordado que el cierre de escuelas ha afectado a cerca de 1.600 millones de estudiantes de todas las edades y en todo el mundo, lo que genera repercusiones inmediatas y de largo plazo. Además, la emergencia sanitaria ha exacerbado las desigualdades que ya existían en la educación. Es evidente que este diagnóstico tan alarmante afecta sobre todo al Tercer Mundo, pero también alcanza a sociedades adelantadas con problemas de segmentación social muy pronunciada, pobreza infantil, salarios bajos, etc.

Guterres ha ofrecido diversas recomendaciones para paliar este problema, y las dos primeras nos conciernen a todos: abrir las escuelas de forma segura en cuanto esté controlada la transmisión local del coronavirus y que se dé prioridad a la educación en las decisiones presupuestarias.

A muchos no extraña que las comunidades autónomas no estén trabajando febrilmente para poner en condiciones los recursos de forma que esté garantizada en septiembre la enseñanza presencial, aunque ello requiera contratar a más docentes y gastar más dinero. No solo debemos normalizar el sistema, sino que tenemos la obligación de mejorarlo para que la generación que ha sufrido la pandemia no quede rezagada. Está bien que nos preparemos para una educación futura digital, en buena medida a distancia, pero a día de hoy la sustitución súbita de la educación presencial por la telemática amplía seriamente la fractura social e impide la conciliación.

Es significativo que la Comisión Europea haya hecho hincapié en que el gran fondo de ayuda aprobado trata de modernizar los países afectados mediante tres vectores: digitalización, descarbonización y aplicación del Tratado de París, y formación. La formación es esencial para reducir el paro, mejorar la posición social de los trabajadores, porque aportarán más valor añadido, industrializar el país, cambiar el modelo de desarrollo, afrontar con éxito el reto de la creciente automatización que nos llega a caballo del 5G y el internet de las cosas. La receta de Guterres, dar prioridad a la educación en los presupuestos, es la única que dará resultado.