Trato injusto a los zaragozanos
La exclusión de Zaragoza del reparto de fondos que ayer rubricaron el Gobierno central y la FEMP supone una grave injusticia cuyas consecuencias recaerán sobre los zaragozanos. Es significativo que el presidente Lambán haya mostrado su apoyo al alcalde Azcón ante el manifiesto agravio. Sin perjuicio del recurso al Tribunal Constitucional que se ha anunciado, las instituciones aragonesas y las fuerzas políticas de la ciudad deben unir fuerzas para corregir este desatino.
Todos los ayuntamientos de España tienen que hacer frente, a causa de la pandemia, a gastos extraordinarios con unos ingresos disminuidos. Y todos necesitan por tanto en estos momentos apoyo financiero para sostener los servicios públicos esenciales para el ciudadano que deben prestar. Por eso resulta extraña la fórmula que el Gobierno central ha encontrado para procurarles dinero, exigiendo a cambio que las propias corporaciones municipales le presten los remanentes de los que dispongan. Hubiera sido mucho más lógico crear una línea de ayuda específica, igual que se ha hecho con las comunidades autónomas. Pero el sistema naufraga totalmente cuando, por decisión de la Federación Española de Municipios y Provincias, apoyada solo en los votos del PSOE, se excluye del reparto del fondo de 5.000 millones a las ciudades que, como Zaragoza, no tienen ningún remanente. Que la quinta ciudad de España se vea privada de ayudas estatales para compensar los efectos y superar las secuelas de la pandemia es un absurdo y un agravio, y hace víctimas a sus ciudadanos de una grave injusticia. Es lógico que, como expresó ayer el presidente de Aragón, la Comunidad autónoma apoye al Ayuntamiento de la capital en una cuestión vital. Es necesario unir fuerzas, entre instituciones y entre partidos, para exigir al Gobierno central que establezca mecanismos de ayuda que no castiguen a los zaragozanos y que permitan a la ciudad mantener sus servicios.
