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Opinión

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El desafío del curso escolar

Por
  • Heraldo de Aragón
ACTUALIZADA 11/06/2020 A LAS 02:00
Isabel Celaá, en la Comisión de Educación del Senado.
Isabel Celaá, en la Comisión de Educación del Senado.
Efe

A la espera de lo que decida hoy el Consejo Sectorial de Educación, la guía del Ministerio anticipa que el próximo curso escolar comenzará con cierta normalidad de manera presencial, como proponía el Gobierno aragonés y como parece necesario para asegurar tanto la calidad educativa como la conciliación familiar. El desafío estará en adaptar los centros y las plantillas docentes a las limitaciones que el distanciamiento impondrá a la capacidad de las aulas.

Organizar el próximo curso escolar de manera que se combinen la seguridad sanitaria, la eficacia pedagógica y la conciliación en los hogares es en estos momentos un auténtico desafío. El Ejecutivo aragonés apostaba, en todo caso, por que se mantuviese el máximo grado posible de normalidad, dejando de lado una prolongación de las semanas de enseñanza a distancia por medios telemáticos. Las líneas generales que ayer anticipó la ministra Celaá van en esa dirección: iniciar las clases en septiembre con la asistencia de los niños a los colegios e institutos. Pero, en función de lo que anuncia el Ministerio, será necesario limitar el número de alumnos por aula: entre Infantil y 4º de Primaria, a un máximo de 20 alumnos, que formarían un grupo que no debería mezclarse con otros; y desde 5º en adelante, según la capacidad del aula pero manteniendo una separación de 1,5 metros. Este será el caballo de batalla de las comunidades autónomas, que serán las encargadas de ‘encajar’ a los alumnos en los espacios disponibles de cada centro y de asegurar el refuerzo del profesorado allí donde sea necesario. Hay que tener en cuenta que esos topes de alumnos por aula son más bajos, en general, que las ratios actuales, lo que obligará a hacer un esfuerzo importante de organización a las direcciones de los centros y a la administración educativa, y comportará un coste que puede ser considerable. El Gobierno central debe tenerlo en cuenta para prestar a las comunidades el apoyo que va a ser indispensable.

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