El Consejo de Ministros ha aprobado el reglamento que regirá lo que el Gobierno denomina «nueva normalidad». Estará en vigor desde el 21 de junio, cuando termine el estado de alarma, hasta que el Ministerio de Sanidad, en coordinación con las autonomías, considere que la epidemia del coronavirus ya no supone un peligro, previsiblemente cuando haya un tratamiento eficaz o una vacuna. El final del estado de alarma cierra el justificado paréntesis de excepcionalidad que se abrió a mediados de marzo por la propagación descontrolada de la covid-19. La recuperación de la normalidad pasa ahora por hallar el equilibrio entre las prioridades sanitarias y las económicas. No es tarea sencilla, pero tampoco imposible.

El real decreto, que se ha negociado con Ciudadanos, el PNV y también con las Comunidades, mantiene algunas de las medidas que se siguen considerando imprescindibles, como el uso obligatorio de mascarillas cuando no se puedan respetar los 1,5 metros de distancia de seguridad, con multas de hasta 100 euros. Es necesaria la aplicación de esta y de otras normas porque la pandemia sigue siendo una realidad que, por supuesto, exige tenerle mucho respeto. Pero no es deseable alargar en exceso las restricciones de movilidad del conjunto de la población porque por desgracia con ello tampoco se acaba con el virus y, a cambio, sí se castiga el sistema económico.

Ahora, que ya hemos superado la amenaza de colapso del sistema sanitario, es obligación de los poderes públicos ponderar y saber combinar medidas que contribuyan a la protección de la salud con otras que faciliten la normal convivencia social y, por supuesto, la reactivación económica. A los ciudadanos, por su parte, les corresponde actuar con responsabilidad para recuperar más pronto que tarde nuestro modo de vida, siempre que se extremen al máximo las precauciones para evitar dar pasos en falso.