Faltan muchos aspectos por definir para saber cómo funcionarán la economía y la vida cotidiana una vez que termine la desescalada y hasta que el peligro de la covid-19 pueda considerarse superado. Y uno de los capítulos fundamentales es el de la educación, que el presidente de Aragón anunció ayer que será una prioridad absoluta. Lambán confía en que se den las condiciones para que el regreso a las aulas se produzca con normalidad. Esa sería la mejor opción.

El Gobierno aragonés se ha fijado como objetivo prioritario que los colegios puedan abrirse en septiembre compaginando las garantías sanitarias, la calidad educativa y las necesidades de conciliación de las familias. La mejor manera de conseguirlo sería que la vuelta de niños y jóvenes a las aulas se produjese en situación de normalidad, sin tener que aplicar restricciones que distorsionen el funcionamiento de los centros. Aunque la experiencia de estas semanas de educación a distancia por medios telemáticos ha resultado valiosa, también ha mostrado sus limitaciones y mantenerla el próximo curso, aunque fuera parcialmente, complicaría sobremanera la vida diaria de muchos hogares que tienen que reincorporarse al trabajo. Por otro lado, unos requisitos muy estrictos para el distanciamiento de los alumnos en el aula, al reducir el aforo, resultarían difícilmente aplicables en la mayoría de los centros salvo que mediara un considerable aumento del profesorado, lo que a su vez supondría un notable incremento económico. Naturalmente, si se producen rebrotes graves de la epidemia habrá que tomar las medidas que sean necesarias. Pero lo ideal sería conseguir, gracias al control de la enfermedad, que el curso escolar pueda comenzar en entornos semejantes a los habituales. Y definiendo, como pidió el presidente aragonés, unas normas comunes a todas las autonomías, para evitar que cada una vaya por su lado en una especie de absurda competencia. Esa es la línea en la que hay que trabajar.