Una desescalada por fases
La desescalada en las medidas contra el coronavirus durará ocho semanas –será gradual y asimétrica– y no habrá movilidad entre provincias hasta alcanzar la ‘nueva normalidad’. Se trata de ir restableciendo poco a poco la actividad económica y la vida cotidiana sin que se disparen los contagios. Esta transición va a necesitar de una gestión política mucho más coherente y sensata por parte del Gobierno que en las etapas anteriores. Además, se impone una máxima coordinación con las Comunidades y los partidos. Aragón ya ha manifestado su desacuerdo con un plan que no atiende a los criterios poblacionales e ignora la realidad de la Comunidad.
España se situará en la ‘nueva normalidad’ a finales de junio. Así figura en los planes del Gobierno que ayer presentó Pedro Sánchez, que de nuevo ni los negoció ni los comunicó a los partidos. Antes de llegar a esa estación terminal, cada territorio deberá ir recorriendo cuatro fases de desescalada. Para superar cada una de estas etapas hay que alcanzar unos objetivos que el inquilino de la Moncloa no concretó, una cuestión en absoluto menor que hubiera sido conveniente para que todas las Administraciones adopten las medidas necesarias. Es lógico que la desescalada sea asimétrica porque la pandemia no se comporta de manera uniforme en todas las regiones, pero también es imprescindible que el Gobierno esté atento para evitar agravios entre Comunidades y ciudades. Aragón rechaza el plan por no estar sostenido en criterios poblacionales, al igual que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien cree que solo genera inseguridad. Sánchez ha anunciado que pedirá una nueva prórroga del estado de alarma por quince días sin aclarar si solicitará otras ampliaciones hasta finales de junio. Recuperar la normalidad económica y social, como pretende todo el país, pasa también por recuperar la normalidad jurídica e institucional cuanto antes.
