Parece que una Administración Pública española, cuyo nombre no quiero recordar, solicitó apoyo a unos profesores universitarios para desarrollar una herramienta que permitiera afrontar la pandemia. Pero los profesores recibieron a continuación orden de suspender su trabajo. La explicación: la ley de protección de datos impedía esa línea de investigación.

La historia se repite. ¿A quién no le han denegado algo con la excusa de la protección de datos? Ocurre tanto en la Administración como en las empresas. En última instancia, lo que hay bajo esa pomposa declaración del funcionario o empleado son pocas ganas de trabajar y pensar. Eso sí, enfatizan: "La ley de protección de datos no permite atender su petición".

En tiempos de pandemia parece que la protección de datos se expande al mismo nivel que el propio virus. Las Administraciones, lentas de reflejos, justifican haber llegado a su nivel de incompetencia en la ciencia, en la población o en la protección de datos. De aquellas que se ocupen los científicos y los sociólogos. De esta última deberían ocuparse nuestros políticos.

Se ha declarado el estado de alarma y nos han cercenado numerosos derechos fundamentales. Por ejemplo, el de reunión. Sin embargo, el decreto poco o nada dice de la ley de protección de datos. La cuestión es si este derecho, frente al de reunión, es tan importante y vital para la sociedad democrática que debe subsistir en tiempos de alarma.

En este contexto parece importante conocer las vías de solución al problema del virus en otros países. De ellas solo nos referiremos a uso de los datos personales a través de ‘app’ u otros dispositivos. Por ejemplo, en Austria hay una ‘app’ por la que quien da positivo debe notificarlo y a su vez a todos sus contactos. El primero, para iniciar una cuarentena o un tratamiento y, los segundos, para tener información del hecho y prevenir.

En Hong Kong la policía de fronteras obliga a quienes entran allí a incluir en sus contactos de Whatsapp el número de teléfono de la policía, compartir la localización del móvil y mantenerla en ‘on’, además de informarle de que debería guardar cuarentena de dos semanas aislado en su casa. Existen otras aplicaciones en Corea del Sur, Taiwán o la Comunidad de Madrid. A la zaga, el Gobierno central aprobó desarrollar su ‘app’ este sábado.

Por tanto, no habiendo limitado el Gobierno el derecho a la protección de datos en su decreto, la pregunta sería si en verdad el Reglamento Europeo de Protección de Datos impide estas iniciativas frente a la pandemia. Conforme a esta norma el tratamiento puede realizarse siempre con un fin determinado. Por ejemplo, atender a la salud de un paciente. Pero, ¿puede la Administración tratar esos datos con un fin distinto? Por ejemplo, para pruebas clínicas o para la supervisión del confinamiento en caso de cuarentena.

En mi opinión la respuesta es afirmativa: sí, debemos utilizar esos datos para fines que ayuden a luchar contra la pandemia. En este caso el tratamiento de datos para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron deberá considerarse, normalmente, como una medida necesaria y proporcional para salvaguardar objetivos como la seguridad pública.

Acaso no es aberrante que la Administración pública tenga que localizar a los ciudadanos que han superado el Covid-19 por la prensa y no directamente por teléfono, sobre una mala interpretación de la ley de protección de datos.

En fin, habiendo errado el decreto de estado de alarma en esta cuestión, lo cierto es que la normativa aporta recursos y herramientas para solucionar el problema de todos: el coronavirus. Pues el Derecho no es otra cosa que un conjunto de normas inspiradas en la justicia y el orden a favor de la sociedad. Si la sociedad está herida, el Derecho debe asistirla, tal y como hace tanta gente hoy.