El Gobierno pide disculpas después de haber sembrado el desconcierto con el decreto sobre los sectores de actividades no esenciales que a partir de hoy dejan de trabajar, después de la jornada de moratoria de ayer, improvisada in extremis. El Ejecutivo pretende evitar el colapso del sistema sanitario. Sin embargo, tanta improvisación incrementa la inseguridad en una economía que ya desborda dudas. Los continuos cambios en la normativa, a pesar de la evidente excepcionalidad del momento, alimentan la sensación de que no existe una estrategia clara.

Comienza la «hibernación de la economía» española para los próximos 15 días, en expresión de la ministra Montero, con duras críticas de las empresas a la gestión del Gobierno por la incertidumbre generada. Lo cierto es que a pocas horas de entrar en vigor la parada de la actividad, la noche del domingo al lunes, muchas compañías no sabían si les afectaba una decisión extraordinaria que dos días antes era descartada por Pedro Sánchez. Hasta el sábado el presidente se negaba argumentando que sería letal para la economía, lo que impediría incluso hacer frente a la crisis sanitaria. Pero el fin de semana dio el volantazo, aunque sin explicar por qué y sin consultar ni con los agentes sociales ni con las comunidades autónomas. Hay que exigir sensatez y temple a todos los gobernantes que hoy se debaten, al tomar medidas para frenar al Covid-19, entre la obligación de garantizar la supervivencia del máximo número posible de compatriotas y la de limitar los daños que producirá la suspensión de la actividad económica. Los datos son muy preocupantes y por eso hay que arbitrar medidas de flexibilidad y de apoyo al mantenimiento del empleo, pero no puede ser a costa de un tejido empresarial que, especialmente pymes y autónomos, es muy vulnerable y no tiene capacidad ni de endeudamiento ni de mantenerse sin actividad.