El Estado de las Autonomías, variedad peculiar del estado federal, no debería ceder ciertas competencias a las Comunidades Autónomas y, menos, a aquellas donde hay mayorías parlamentarias por pactos ocasionales entre separatistas.

En Aragón hubo que bregar frente a los integristas que reclamaban ‘autonomía máxima’, en vez de ‘autonomía plena’. (Incluso el Estatuto valenciano vino luego a decir, en 2006: "Todo lo que le den a cualquiera, me lo pido yo también"). Por entonces, el PSOE exigía la anexión de Navarra al País Vasco, postura decaída que hoy ya tienta a Sánchez.

La fórmula del separatismo gradualista es erigir paulatinamente ‘estructuras de Estado’. Tales son, por ejemplo, la Hacienda, la Justicia, la Enseñanza (su inspección y control) o la exclusividad policial. Por no poseerlas en grado bastante fracasó el infatuado golpe de estado proclamado por los separatistas catalanes en septiembre de 2017, encarnado en la ominosa jornada seudocomicial del 1 de octubre siguiente.

Estado compuesto

España, recordaba aquí el día 7 José Tudela, es un ‘Estado compuesto’ buena parte de cuyo poder es ejercido por unas Comunidades Autónomas (CC. AA.) que no existían sino como concepto cuando fue promulgada la ley que las creó: la Constitución de 1978. Tudela, veterano estudioso del asunto, expresa su opinión con nitidez: la igualdad de los ciudadanos que la Constitución proclama como valor esencial e innato al Estado federal (debiera serlo también en la variante española) puede acabar en entelequia. Ya no está garantizado en el actual estado de cosas. Los elementos tractores son los partidos separatistas, que intentan reducir España, en el mejor de los casos, a una confederación de partes soberanas asociadas cada cual a su guisa. La tarea es fácil por la debilidad parlamentaria del PSOE , aliado forzado de un Podemos muy castigado por sus votantes.

El actual Gobierno, uno de cuyos socios defiende la autodeterminación regional, camina en esa dirección, envilecedora del Estado. El hecho originario de 1978, por negligencia, ha derivado en "una heterogeneidad poco eficiente y en un progresivo desapoderamiento del Estado". Por eso, Tudela subraya la necesidad de ‘reconstruir el modelo’, de modo que garantice de veras la igualdad. En otras palabras: habría que reformar la Constitución.

España y sus derechos civiles

No solo eso. Otro jurista nuestro, Jesús Delgado, en un texto para especialistas, repasa la historia, sumamente interesante, del Código Civil (CC) español. Es un verdadero monumento histórico y jurídico, muy debatido y modificado desde los años cuarenta del siglo XIX. Tiene la peculiaridad de legislar para un país en el cual coexisten varios "derechos civiles patrios". Leyendo ese texto, informado y penetrante, cae uno en la cuenta de que, por su ubicuidad social, el CC, como la Constitución, es un gran artefacto político, una gran estructura de Estado que conviene tener siempre a punto. Desde 1978, opina Delgado, las leyes civiles específicas de ciertos territorios han cambiado y mejorado. Por tal causa, y al ser el CC una viga maestra del edificio jurídico del Estado, requiere actualización. "Confeccionar un nuevo código civil estatal es la tarea más urgente que tiene el Estado, en cuanto poder legislador, respecto del derecho privado español", dice. Y añade a esa necesaria tarea la urgente de crear una ley de Derecho interregional que coordine la aplicación de los Derechos civiles españoles, para que los ciudadanos puedan prever razonablemente las consecuencias de sus actos en este ámbito legal.

Antes, apenas se estudiaban en las universidades los derechos civiles regionales. Ahora se estudian mejor, pero solo allí donde existen. Con ello se pierde, en el conjunto de la enseñanza jurídica, la idea de la complejidad histórica de los derechos civiles, que son tan característicos del país como la variedad de sus lenguas y modos de ser. España, inadvertidamente, se deshilacha también por esta vía. Delgado postula la paridad de todos los Derechos civiles españoles –que ninguno sea considerado más representativo que otro de una concepción "española"– y defiende su estudio en todas las universidades.

Pero, ¿quién podría?

Ambos juristas proponen grandes tareas de Estado, necesarias y beneficiosas. En mi opinión, exceden, sin embargo, de las capacidades de nuestros gobernantes y legisladores. Estamos ayunos de estadistas. Este juicio no es encono de crítico, ni hecho imaginario: la desconfianza en la ‘casta’, a la que tan velozmente se han asimilado sus recientes y fieros detractores, es, según las encuestas, un factor principal, e invariable, en las preocupaciones de los españoles. No se fían.

No será, sin embargo, por falta de grandes e interesantes metas políticas que alcanzar.