La semana previa al 8 de marzo deja dos noticias difícilmente conciliables. La primera es la expulsión de las pioneras del Partido Feminista de las filas de Izquierda Unida. La segunda es la aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley de Libertades Sexuales. Su promotora, la ministra de Igualdad, la define como un hito histórico del feminismo. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismo?

El partido de Alberto Garzón ha justificado la polémica expulsión de las veteranas militantes alegando que rechazan la inclusión de las personas transexuales. Defender la inclusión de esa manera no es muy coherente. Como escribe Carlos García Miranda, «la desigualdad debería aprender de los errores que la generaron y no ser excluyente». Eso significa construir una sociedad más justa, en la que mujeres y hombres trabajen por una igualdad real: una conciliación efectiva, con medidas que permitan una auténtica corresponsabilidad, más allá de los golpes de efecto de quienes, como la ministra Montero, pueden permitirse llevar a su hija al trabajo. Una sociedad que eduque en el respeto, de modo que pueda erradicarse la violencia contra las mujeres. Y que camine hacia una equiparación real de sueldos. El 8 de marzo debe ser la oportunidad para mostrar lo que une a la sociedad, no un ‘ring’ político.