Las cuentas de la Administración autonómica vienen beneficiándose en los últimos años de la bonanza del ciclo económico y de un aumento de los ingresos fiscales, pero se sigue sin sujetar el déficit. Es un hecho que el Gobierno de Aragón sigue gastando más de lo que logra ingresar, según el avance de la liquidación de 2019, que arroja un déficit superior a los 230 millones de euros. Es preciso, pues, mejorar la financiación autonómica, vía negociación con Madrid, y reducir los costes de la maraña de organismos públicos, la duplicidad de cargos o la red descontrolada de subvenciones y ayudas.

El Ejecutivo aragonés se prepara para afrontar la batalla más compleja de la legislatura, la que definirá el nuevo modelo de financiación autonómica. Se trata de un asunto prioritario para el presidente Lambán porque las cuentas de la Comunidad siguen sin cuadrar, a pesar de que algo han mejorado desde que llegó al Pignatelli por los buenos datos macroeconómicos y por la criticada subida fiscal aplicada en su primer presupuesto, el de 2016. No obstante, los números dejan claro que el déficit de la DGA superó los 230 millones en 2019, cinco veces más del límite permitido. Aragón necesita, pues, mayores transferencias para financiar los pilares del Estado del bienestar, desde la sanidad a la educación, y para incrementar la inversión pública, que ha caído. En consecuencia, Lambán deberá esmerarse para que su voz sea escuchada y atendida en la Moncloa durante los próximos meses.

El otro frente donde la DGA debe actuar con premura es en el capítulo de los gastos. Es ahí donde más pasos pueda dar porque su margen en política fiscal es muy reducido. Para ello es necesario poner en marcha una profunda reforma administrativa encaminada a racionalizar el creciente gasto de personal, a reducir los costes de organismos públicos y cargos innecesarios, y a poner orden en las políticas de subvenciones y ayudas.