Seguridad jurídica insegura
La seguridad jurídica, sin la que todo se tambalea –también la economía–, es un objetivo permanente de la sociedad civilizada. Lo contrario es la incertidumbre, uno de cuyos parientes cercanos es la arbitrariedad. Se trata de un concepto ideal sobre el que hay escrita mucha doctrina. Cuando se vive en seguridad jurídica, las leyes y su aplicación por los jueces permiten predecir en gran medida los resultados. Nunca se obtiene del todo, porque ni las leyes ni los jueces son perfectos, pero su búsqueda debe ser tarea indeclinable.
Los diálogos, o negociaciones, entre el gobierno PSOE/PSC-Podemos y los partidos separatistas catalanes uncidos en el Govern están recién empezados en público, pero tienen una larga historia subterránea. Lo que va a tratarse empezó a tomar forma hace muchos meses. Algunos planos parciales del artefacto se diseñaron en Pedralbes, en diciembre de 2018; otros, en los encuentros opacos entre Pablo Iglesias y el preso Oriol Junqueras, en la cárcel de Latoneros. El más descolgado de todos es el ente bicórpore –y monocéfalo– Puigdetorra (abr. de Puigdemont/Torra).
Puigdemont era un sujeto aún más oscuro e insustancial que ahora cuando los sedicentes antisistema de la CUP vetaron a Artur Mas. Este, implicado en los torcidos negocios de la familia Pujol –y en los de su propio padre–, fungía como sucesor de Jordi el Grande, en espera de que su vástago Oriol, el heredero por linaje, hiciese méritos para ocupar el solio. No pudo ser, porque a Oriol lo pillaron y Mas es un hacha en declives electorales. Podría impartir un máster en resultados menguantes. Inhabilitado y culpable de un gasto inapropiado de cinco millones de euros del erario, ahora aguarda vigilante la resurrección de un partido desnaturalizado cuyo decaimiento es regocijo de los esquerristas, dueños del escenario catalán y en busca de un pacto con el PSC-PSOE que les permita ampliar su confortable suelo electoral.
En los tiempos del ‘molt honorable’ Pujol (el tratamiento resulta ya un sarcasmo, aun sin sumar lo que acaba de destapar el Fisco en los Países Bajos), las cercanías del ‘president’ estaban guardadas por mastines muy dotados para el mejor producto de la casa: los negocios nacionalpatrióticos. Tipos correosos y temibles, como los capitanes Alavedra y Prenafeta, eran los cerebros/cerberos de la fullería políticomercantil de Convergència Democràtica de Catalunya, el partido cuyo líder, trepador mesiánico del Aneto, reclamaba el monopolio de la ética frente a la bajeza socialista del felipismo corrupto y gurrumino.
Hoy, el nivel de la presidencia catalana está muy bajo. La niebla de Waterloo impide ver nítidamente al sucesor de Pujol&Mas. Por eso busca estos días el tibio sol de Perpiñán, ciudad señoreada por la ingente mole de un castillo cuyo último tenedor español fue Felipe II (I en la Corona de Aragón).
Es más cómodo observar al inquieto sosias de Puigdemont en Barcelona. Privado, por violar la ley, de su acta de diputado regional, el castigo lo ha avalado con diligencia el no menos ‘molt honorable’ presidente del Parlament, arrojado de palabra y medroso de obra, sobre todo si el daño es para la facción separatista rival. Hay amores que matan.
Simulación y teatrillo
En el pervertido escenario político catalán, una gran parte de lo visible resulta utillería, simulación de teatrillo: lo que es simple incógnita se reviste de misterio arcano; lo oscuro aparenta ser impenetrable; los alambicados planes de futuro son de pura contingencia. Uno de esos misterios de pacotilla es la elusión del término ‘Constitución’, sustituido en boca de esta gente (Sánchez y Cía. incluidos) por la expresión, vaga, vacua e inconcreta, ‘seguridad jurídica’. También este artificio es impostado, un truco de lo más barato. Véase.
Elsa Artadi, que dice siempre más de lo que debiera, ha disuelto el misterio, desnudando a la oracular Carmen Calvo, que lo viene citando como si fuera un abracadabra hermético. Esta ‘seguridad jurídica’ en la que se conciertan Sánchez, Iglesias y los separatistas consiste según Artadi, en que «alcanzada la solución política, habrá que dotarla de la máxima seguridad jurídica». Seguridad a posteriori. La Constitución queda excluida. Y, como en el cruel cuento de Andersen, solo los niños, ajenos al teatro político, declaran que el rey va desnudo. Nos preparan la seguridad jurídica insegura.
De las pretensiones separatistas con supuesta raíz histórica trata un jugoso libro (’El derecho de la Historia. Memoria democrática y derechos históricos,‘ Iustel, 2020), en el que se exponen doctrinas y circunstancias que esclarecen numerosos puntos hoy en debate. Para sonrojo de los aragoneses, recuerda, incluso, cómo hemos sido capaces de redactar una ley autonómica declarando su vigencia antes de su publicación en la Gaceta. Esta variedad local de la seguridad jurídica insegura es tan original, por lo menos, como la que Artadi ha enunciado con su labia de costumbre.
Seguir esa vía significa mofarse de que la seguridad jurídica es, o era, en España, un principio formalmente fijado en su Constitución. ‘Quod erat consequendum’.
