Recientemente, en el Ministerio de Ciencia, participamos en un acto celebrado para impulsar el Derecho Humano a la Ciencia, un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, artículo 27, de este modo: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten". Se constató que, tanto para las instituciones científicas y académicas como para los estados y la sociedad en su conjunto, es ampliamente desconocido y, en consecuencia, está menos protegido.

Mikel Mancisidor, uno de los 18 expertos independientes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, presentó el borrador-comentario preparado para dar a conocer el contenido de este derecho e impulsarlo. En un mundo en el que la ciencia y la tecnología poseen un gran peso en nuestras vidas, urge explicar que la ciudadanía tiene derecho a participar y beneficiarse de los logros de la ciencia, así como alertar de sus riesgos. Beneficiarse no solo de los logros materiales (medicinas, tecnologías…) y de conocimiento, también de la capacidad de la ciencia como formadora de mentes críticas y responsables capaces para el debate democrático. Y compete al Estado garantizar su cumplimiento. Las implicaciones son inmensas: ¿Cómo afecta la privatización del conocimiento a este derecho? ¿Qué déficits persisten para participar en condiciones de igualdad?

Carmen Magallón es presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz