Justicia fiscal
Todo Estado moderno comprometido con la calidad de las prestaciones a sus ciudadanos necesita de un sistema impositivo que permita obtener la financiación suficiente para poder satisfacer adecuadamente y con la mejor calidad las necesidades de la ciudadanía. El debate no debe pivotar, por tanto, de forma simplista, sobre si hay que subir o bajar impuestos, sino sobre qué financiación se necesita para cumplir con la correcta prestación de los servicios públicos y el modelo prestacional que se ha diseñado. Y aquí, como idea previa, resulta necesario un consenso para decidir qué nivel y con qué calidad. Insisto, deben atenderse las nuevas exigencias de nuestro Estado social. De esta manera se pueden cuantificar las exigencias financieras necesarias y diseñar el modelo fiscal para dar cumplida cuenta a las mismas. Un modelo de justicia fiscal debe servir para promover y consolidar un modelo de crecimiento sostenible, inclusivo, equitativo, inteligente y colaborativo. Aquí radica la verdadera justicia fiscal y no tanto en los niveles de ‘presión’ por comparación con otros países, que pueden tener un modelo prestacional diferente.
Por otra parte, la credibilidad de las exigencias del modelo de recaudación de impuestos exige de los poderes públicos la máxima eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la gestión de esos fondos públicos. Y aquí, en nuestro país queda aún recorrido. Por un lado, porque siguen existiendo evidentes ineficiencias en la utilización de los recursos públicos. Sirva como ejemplo el modelo de contratos públicos (donde se mueve la mayoría del gasto público que no es retribución de personal), donde el Tribunal de Cuentas, el Órgano Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación pública o la Fundación Civio han denunciado muy recientemente la falta de transparencia y la fragmentación de los contratos para promover modelos de opacidad que favorecen la adjudicación directa, lo que ocasiona evidentes sobrecostes por falta de competencia, y donde el Gobierno, mediante el reciente Real Decreto Ley 3/2020, lejos de corregir la práctica ha flexibilizado aún más este procedimiento bajo la argumentación de simplificación. Estos modelos de gestión pública que se alejan de la verdadera transparencia y la vocación a una efectiva eficiencia ponen en riesgo la identidad de un modelo de verdadera justicia fiscal. Por otro, porque existe un preocupante problema de fraude fiscal con la economía sumergida, verdadero lastre que condiciona también la credibilidad del modelo y donde las medidas que se adopten, como la subida del salario, deben alinearse debidamente para no incentivar el fraude fiscal y donde la coherencia y ejemplaridad pública de nuestros responsables políticos deben ser seña de identidad (y aquí nos queda aún mucho recorrido). Esta realidad de la economía sumergida exige, además de su ‘combate’, una decidida política de comunicación y didáctica que sirva para educar a la ciudadanía en la importancia del ejercicio solidario de contribuir, de forma progresiva en función de su capacidad, al modelo de prestaciones sociales de nuestro Estado.
La justicia fiscal exige equidad social y adaptabilidad. Por ello debe ser asimétrica en función de las necesidades. Sirva de ejemplo el importante problema de la despoblación de ciertas zonas del país (con la concentración en grandes zonas metropolitanas) que es consecuencia, entre otros motivos, del nuevo modelo económico de nuestra sociedad. Un diseño fiscal diferente, con menor presión fiscal (junto a bonificaciones, etc.) puede facilitar la recuperación de actividad económica en estos sectores lo que, junto a la articulación de un mejor nivel de prestaciones en lo social y sanitario (que debe preservar las señas de equidad del modelo prestacional, actualmente desajustado) puede mejorar el atractivo y ajustar la actual deriva de la denominada España vacía. Aquí son necesarias la planificación y el realismo frente al dogmatismo o a clichés carentes de contenido.
Una última reflexión. Nuestro modelo tributario exige una adaptación a la nueva realidad económica y de la sociedad. En plena robotización de la industria, con el auge de las nuevas tecnológicas, hay que repensar los impuestos y quién (o qué) debe asumirlos. En definitiva, la política fiscal debe ser una política de Estado y de vinculación de identidad con la sociedad (y no de combate ideológico permanente). Lo que exige planificación, diálogo, equilibrio, transparencia y rendición de cuentas. En ello está la sostenibilidad del modelo social y democrático del país.
