El Pacto del Agua
Veintiocho años después de que las Cortes de Aragón aprobasen el Pacto del Agua, un acuerdo unánime sobre las obras hidráulicas que tantos conflictos sociales han generado en la Comunidad, el debate sigue vivo. Así lo evidencia el revuelo político que ha generado el anuncio del presidente Lambán de convocar una nueva Mesa de Diálogo para revisar el pacto, con el embalse de Biscarrués en el punto de mira. El Pacto del Agua se fundamentó sobre el consenso y su posible revisión debe hacerse también sobre el acuerdo de todas las fuerzas políticas y los agentes sociales implicados.
El primer Pacto del Agua, aprobado el 30 de junio de 1992, todavía está lejos de ejecutarse. De él se han descolgado tres grandes embalses (Jánovas, Santaliestra y Torre del Compte) y se ha recortado la capacidad prevista en Yesa y Biscarrués. Actualmente están en construcción los recrecimientos de Yesa y Santolea, la presa de Mularroya y el embalse de Almudévar. Además, se han acabado otros embalses, como San Salvador y La Loteta, y se han hecho mejoras de canales y depuradoras. Pero, transcurridos trece años y medio desde la última revisión del Pacto, Javier Lambán cree llegado el momento de actualizarlo porque todavía hay cuestiones sin resolver como la solución al Gállego, el futuro de los regadíos de Monegros II o la restitución a las zonas afectadas por embalses. Sea como fuere, la base sigue siendo el diálogo y el pacto para asegurar la continuidad de consenso.
Aragón ha realizado un gran esfuerzo para ir adaptando sus históricas reivindicaciones hídricas a las nuevas circunstancias, incluyendo indispensables criterios ambientales y sociales, además de mantener un especial empeño en alcanzar consensos entre todas las partes afectadas. Pero ese esfuerzo de la Comunidad se tiene que ver recompensado por parte del Gobierno central, al que compete la realización efectiva de las obras.
