Un minuto le bastó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para ahorrar al Estado 2.500 millones de euros. Con máxima eficacia y sin previo aviso, dejó que 2019 pasara sin hacer ruido, con diez meses de Gobierno sin funciones pero con sueldos, para que caducara el derecho de las autonomías a cobrar un mes de IVA de 2017 que ella reclamó al popular Cristóbal Montoro. "La devolución decayó", se despachó.

Ochenta millones, como ochenta soles, perderá Aragón, si nada ni nadie lo remedia. Ochenta millones que son más de lo que costará el hospital de Alcañiz si se retoman las obras. Como si no fuera suficiente castigo que la financiación autonómica se reparta en función de la población, mientras medio país, la España vaciada, se desangra.

Está de moda decir una cosa y la contraria. En la política nacional se juega al todo vale, el arte del buen trilero se impone a eso de que el fin justifica los medios que propugnó Maquiavelo. Perplejos y ojipláticos, los ciudadanos se desayunan a diario con un bandazo tras otro que lo mismo les lleva a una mesa de diálogo con un ‘president’ inhabilitado que a una reforma exprés del Código Penal porque los sediciosos ya no son tan malos o a un Consejo de Política Fiscal y Financiera que enfrentará a las autonomías, y a todas con Hacienda. En una huida hacia adelante a un destino aún sin precisar.