Financiación autonómica
Pedro Sánchez tiene ocho meses de plazo para presentar el proyecto de reforma de la financiación autonómica que le prometió a Compromís a cambio de sus votos para asegurar la investidura. Eso significa que la batalla por el nuevo modelo de reparto de recursos está sobre la mesa. Se trata de una tarea urgente, pero muy compleja porque constituye una bomba de relojería, demasiado tiempo obviada, capaz de producir graves tensiones políticas entre comunidades, entre partidos y también entre los grupos que sostienen al Gobierno PSOE-UP que está a punto de formarse.
La DGA espera expectante los primeros movimientos en esta nueva legislatura para la reforma de la financiación de las CCAA. De entrada, no es alentador para los intereses de Aragón que el partido valenciano haya logrado que se impulse la modificación de un reparto que definirá si los fondos se asignan en función del coste real de la prestación de servicios, como reclama la España interior, o por habitante, como pedirá la del litoral y Madrid. Además, las dependencias del Gobierno respecto a ERC y PNV amenazan con poner los intereses de Cataluña y País Vasco por encima de los de Aragón y otras comunidades de poco peso político en la Moncloa y en el Parlamento.
Antes de entrar a diseñar el nuevo modelo, el Gobierno y los demás poderes del Estado deben definir algunas líneas maestras, empezando por el artículo 1 del Título preliminar de la Carta Magna, lo que se ha llamado la ‘Constitución de la Constitución’: la igualdad de los ciudadanos es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico de España. A partir de ahí, hay que determinar cuál es el grado de solidaridad entre territorios teniendo en cuenta que debe garantizarse el Estado de bienestar en todos ellos. El de la financiación es uno de los pilares del modelo autonómico y está en el origen de conflictos graves como el planteado por el secesionismo catalán. Por eso hay que pedir unidad, solidaridad y lealtad constitucional.
