Al decidir ayer oficialmente que se abstendrá, ERC despeja el camino para que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno el próximo día 7. Pero ese Ejecutivo nacerá con el serio lastre que supone su dependencia del independentismo y de unos acuerdos que pueden socavar las instituciones democráticas y hasta vulnerar la Constitución. Sánchez debería en este momento dar explicaciones directamente a la opinión pública.

La investidura que Sánchez solicitará al Congreso de los Diputados se apoya en dos acuerdos de muy diferente naturaleza: el pacto de gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, por un lado, y el acuerdo con ERC para, en teoría, encauzar lo que Sánchez aceptó denominar, poco reflexivamente, como el ‘conflicto político’ de Cataluña. El primero es un documento que recoge el marco para la acción del Ejecutivo, con medidas que pueden discutirse, apoyarse o criticarse en función de las distintas posiciones ideológicas, pero que en todo caso entra dentro de la normalidad en la formación de una coalición. Pero el segundo resulta muy preocupante, pues supone cesiones al independentismo que incurren en un terreno muy peligroso para las instituciones y que tendrían, llegado el caso, muy difícil encaje constitucional, además de significar una afrenta para millones de españoles. 

El todavía presidente en funciones, que en ningún momento ha explicado el alcance que daba a ese acuerdo con una de las fuerzas separatistas, debería en este momento sentirse moral y políticamente obligado a comparecer sin tardanza ante la opinión pública, en una conferencia de prensa, por supuesto con preguntas, para dar cuenta de lo que su partido ha suscrito con ERC, de cómo lo interpreta él y de cómo afectará al marco legal que garantiza la convivencia y la democracia en España. Por el momento, la inquietud de la oposición y de muchísimos ciudadanos es comprensible y está plenamente justificada.