Pedro Sánchez pisa el acelerador a fondo para lograr la investidura en los próximos días. Primero, presenta su programa de Gobierno con Podemos. Segundo, sella un pacto con el PNV, que contempla un inquietante propósito de "adecuar el Estado" para reconocer las identidades territoriales. Y tercero, obliga a la Abogacía del Estado a plegarse vergonzosamente a sus intereses. No obstante, el candidato socialista no tiene confirmados aún los votos necesarios ni, sobre todo, asegurado el Gobierno estable que España necesita.

Mientras en la Moncloa siguen esperando el ‘sí quiero’ de ERC, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han presentado (sin posibilidad de que los periodistas hagan preguntas) su programa, que incluye subidas de impuestos a las rentas más altas (a partir de 130.000 euros) y a las grandes empresas, la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral y una batería de medidas con acento social. Con fidelidad a sus programas electorales, compatibilizan la impronta ortodoxa de la futura vicepresidenta Nadia Calviño –para calmar a Bruselas y a los mercados financieros– con las ambiciones más populistas de Podemos. Donde el pacto genera muchas dudas es en sus apoyos parlamentarios. Además de que es incomprensible que implore el respaldo de quienes aspiran a romper el Estado, Esquerra, resulta muy preocupante que Sánchez se haya comprometido por escrito con el PNV a que el Gobierno que forme impulsará las "reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales". El PSOE, que está abandonando algunos de sus principios históricos dejando las manos libres a Sánchez, no ha debido pactar con el PNV el traspaso de las competencias de tráfico al Gobierno de Navarra. Y no solo porque eso significará una importante merma de competencias a la Guardia Civil en la Comunidad foral, sino también porque esa negociación compete al gobierno autonómico.